Farith Simon

Pareja del terror

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Lunes 14 de diciembre 2020

Lo sucedido con la llamada “pareja del terror” es el mejor ejemplo de la simplificación que la mayoría de los medios de comunicación, los políticos y, lamentablemente, el Estado, parecen tener respecto de los problemas de seguridad ciudadana. Muchas respuestas institucionales se elaboran a partir de lecturas binarias, simplificadoras, que sin ser nuevas, se hacen más evidentes en estos tiempos de polarización. Esto es claro si nos fijamos en tres de esos muchos reduccionismos: pobreza y delito, porte de armas e indefensión, garantismo e incremento de penas.

Está muy bien documentada, y es indiscutible, la relación que existe entre pobreza e incremento del delito, pero no todos los delitos se explican desde la pobreza, ni la inacción para enfrentar la inseguridad puede justificarse a partir de ella; en épocas difíciles no pueden desatenderse las medidas preventivas que tienen como objetivo paliar los efectos de la crisis, especialmente porque el sistema penal suele ensañarse con los más vulnerables para mostrar algo de eficiencia, dejando por fuera delitos muy graves de impacto social muy amplio.

El debate sobre el porte de armas se alimentó de la idea de que el sistema de justicia promueve la impunidad y se encuentra superado por el delito y la delincuencia; algunos políticos aprovecharon un sentimiento de inseguridad que crece, y la falta de información, para generar la idea de que en el país no existe posibilidad de obtener permisos de tenencia y porte de armas, lo cual es falso y lleva el debate a un terreno lleno de demagogia, generalizaciones y lugares comunes.

Quienes defienden el discurso de la mano dura afirman que existe una suerte de “exceso de derechos y garantías” asignándoles parte de responsabilidad en el crecimiento de la delincuencia, sin considerar que éstas se encuentran allí para frenar abusos estatales, que es posible conciliar derechos y garantías con medidas efectivas contra el delito y la delincuencia, que el no poner límites al poder nos hace vulnerables, a todos, a los abusos que se cometen en nombre de la seguridad.

La idea de que las autoridades no trabajan de manera seria en la prevención, investigación y sanción de los delitos; la complejidad extrema en los procesos de denuncia; una inadecuada protección a víctimas y testigo; decisiones judiciales no siempre bien entendidas, algunas resultado de detenciones o investigaciones que no cumplen requisitos normativos y, también, otras que parecen tomadas por jueces y fiscales con miedo o corruptos, abren el camino a discursos que promueven y justifican abusos.

Todos los ciudadanos tenemos derecho a vivir en paz; la falta de respuesta exacerba los prejuicios, da paso la búsqueda de “chivos expiatorios”, alimenta la xenofobia, las respuestas salvajes alejadas del derecho, pero es el Estado el principal responsable de dar una respuesta; no puede trasladar a la sociedad la responsabilidad de prevenir y enfrentar el delito, pero tampoco se nos puede culpar a quienes buscan para sí mismo y su familia vivir con mayor seguridad.