Simplificar la seguridad ciudadana, al empleo de las FF.AA. en tareas policiales, asumiendo responsabilidades y sustituyendo instituciones, que desdeñosamente se las considera ineficaces; resulta tan inocente como decir que para evitar caer en las redes de la corrupción conviene utilizar la fuerza en forma brutal e irreversible, como en el caso de la destrucción de las retroexcavadoras.
Preocupados por estas situaciones de inseguridad, los países centroamericanos se han propuesto diseñar una estrategia cooperativa regional con planes que llegan a 2 000 millones de dólares dentro del Tratado de Cooperación de la Seguridad Centroamericana.
¿Acaso no hay experiencias sobre la desprofesionalización, escalada de la violencia y afectación a los derechos humanos en el Continente?
En la evolución del concepto de seguridad, se ha superado la Doctrina de la Seguridad Nacional y la seguridad humana se ha convertido en un principio universal; entonces resulta una necedad insistir en remilitarizar la seguridad, contrariando el Compromiso la Seguridad Pública de las Américas que busca la creación de condiciones que favorezca el desarrollo de potencialidades y de autorrealización de las colectividades.
Visión que no puede llegar a ser realidad en la práctica con un empleo confuso entre lo militar y policial, que induce al irrespeto de los principios democráticos, y al consiguiente desamparo legal de la acción militar.
Para discutir estos temas se reunieron en Santiago de Chile más de 350 personas entre expertos, académicos funcionarios de todos los sectores sociales, con el auspicio del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa y el Ministerio de Defensa de Chile. Ciertamente hay necesidad de un nuevo paradigma de seguridad, innovador y propositivo; pero aquellos de fisonomía política e impacto mediático, que confunden la seguridad pública con la seguridad ciudadana y lo multidimensional de la seguridad con la militarización deben ser abandonados, porque no aportan avances, agravan la situación y demuestran inexistencia de una política pública nacional de seguridad y de una estrategia, como la que se están proponiendo en Centroamérica, que esa sí demuestra ser integral para enfrentar la inseguridad.