Aun resuena la aplastante derrota a la propuesta de nueva Constitución que la ciudadanía chilena por un 62%, rechazara en septiembre pasado.
Transcurridos varios meses, las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo acordando la conformación de una Comisión de Expertos compuesta por 24 integrantes, con paridad de género, elegidos por el parlamento, que debe entregar hasta el 6 de junio una propuesta de nueva Constitución al Consejo Constitucional conformado por 50 miembros, que serán elegidos el próximo 7 de mayo, que deberá acordar un texto de nueva Constitución para someterla a un plebiscito el próximo 17 de diciembre.
Como se constata, muchas entidades y muchas fechas.
Hace pocos días, se constituyó la Comisión de Expertos eligiendo por unanimidad a su presidenta y vicepresidente, acordándose que quien encabece la instancia debe transmitir a la ciudadanía su trabajo con lenguaje claro y sencillo.
A diferencia del primer proceso, este acuerdo político implicó poner pilares o límites comunes, como las cuestionadas 12 bases constitucionales, que son inamovibles. Habrá, además, un comité técnico de admisibilidad, compuesto por 14 juristas que, en calidad de árbitros, velarán porque se cumplan estos pilares.
Tantas prevenciones, en opinión de no pocos, mantiene al “soberano” alejado de participar en la elaboración de la nueva Constitución, corriéndose el riesgo que el electorado no se sienta interpretado y vote rechazo.
Entre las 12 bases, se enfatiza que Chile es una República democrática y que el Estado es unitario y descentralizado, otorgándole reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas. Además, se establece que “… es un Estado social y democrático de derechos”, importante cuestión porque la Constitución que se busca sustituir, consagra que el Estado solo actúa subsidiariamente, cuando no lo hacen los privados, dando pie a muchos reclamos de la ciudadanía que se siente desprotegida.