Nuevo Código y ¿explosión carcelaria?

Si actualmente existe un hacinamiento carcelario no visto antes -pese a los esfuerzos que se hacen-, cuando se ponga en vigencia el punitivo nuevo Código Integral Penal, que se aprueba en la Asamblea Nacional, la crisis puede estallar. Faltarían cárceles no solo para los médicos, si no se recoge el clamor general y se rectifica el texto aprobado. Por ello es bueno advertir a tiempo estas amenazas reales que rebasan los esfuerzos y los recursos que se han puesto últimamente .

El tema sigue siendo de fondo, estructural, y no se puede solucionar solo con la construcción de nuevas cárceles, la entrega de recursos y la capacitación del personal. Hay que ir a las causas y no solo a los efectos que esto produce. Una de ellas, que los esfuerzos vayan acompañados de una acción diligente de la administración de justicia y se ponga fin a los abusos de la prisión preventiva, que casi se ha vuelto regla en lugar de ser la excepción, como sostienen penalistas, catedráticos y expertos en la materia. Uno de ellos, reflejado en la investigación de la Fundación del Debido Proceso.

A esto se suman los presos sin sentencia, alrededor del 30% de la población carcelaria. Por estos problemas crece a diario el número de detenidos. Hasta septiembre último hubo cerca de 23 800 presos y a mediados de octubre ya rebasan los 24 200, según los datos oficiales, con una proyección de crecimiento y una capacidad instalada en los centros carcelarios de 12 338. Cómo se puede mantener centros como el de Quito (CDP) con más de 1 360 presos cuando tiene capacidad para 400. Machala más de 860 con capacidad para 150. Quevedo 675 con capacidad para 120. Y así el resto.

Cuando esta administración llegó (2007) con razón criticaron el hacinamiento con cerca de 19 000 presos. Qué decir hoy, casi 7 años después, con 5 000 presos más de esa cifra recibida. Con la Espe en forma rápida se han graduado tres promociones con cursos intensivos para agentes de tratamiento penitenciario (exguías penitenciarios); capacitación, no formación porque no existe un plan permanente de largo plazo, con una malla curricular y una política de Estado que permita manejar con certezas el tema carcelario y una auténtica rehabilitación social, con centros que dediquen todos sus esfuerzos a la ocupación y trabajo de los presos. Ejemplos en el mundo existen muchos.

Pese a las críticas oficiales por las denuncias de presuntas irregularidades y gastos excesivos (qué dice la Contraloría) en el Centro de Rehabilitación de Guayaquil, tampoco va a solucionar el problema. La nueva edificación ayuda pero no soluciona todo. Si se estima que daría cabida a alrededor de 4 000 personas, por anuncio oficial, qué se hace cuando a octubre último entre la cárcel 1, 3 y de mujeres, actualmente rebasa los 8 000 detenidos, con tendencia a subir por lo anotado.

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