La falta de atención a niñas, niños y adolescentes en el sector rural, fundamentalmente, y el déficit en servicios básicos, de manera especial el agua potable, constituyen cargas pendientes del Estado, que afectan a este sector importante del país y amenazan a su futuro inmediato. La exclusión persiste con fuerza, más aún si se trata de indígenas, montubios, afroecuatorianos y peor si son discapacitados.
Hace pocos días, con ocasión del Día Internacional del Niño, el Plan Internacional Ecuador y la Fundación Observatorio Social presentaron un informe completo, revelador y muy ilustrativo, basado en datos oficiales (INEC), que refleja la persistencia de esta realidad de la niñez excluida.
Subsisten taras que no han sido superadas. Primero, la exclusión heredada. La exclusión generada en las niñas por su condición de mujer. Altos índices de embarazo precoz, signos de violencia preocupantes, el abandono de la escuela y altas cargas de trabajo doméstico. La pobreza agudizada por la pertinencia rural de la niñez y adolescencia, sobre todo en los sectores indígenas, montubios y afroecuatorianos. Las restricciones en el acceso a la secundaria, especialmente en el campo. La discriminación racial que golpea a estos tres grupos poblacionales. El trabajo infantil de alto riesgo bajo condiciones de explotación.
Si bien se reconocen avances en materia de inclusión en la ciudad y la reducción de la pobreza, resulta alarmante conocer que 115 cantones del país, de los 221, presentan exclusiones muy graves y solo 46 registran exclusiones menores. Ser niña o niño, con mayor razón en el área rural, constituye uno de los factores que genera y determina altos niveles de exclusión.
Alarma conocer problemas comunes que no han sido atendidos y peor solucionados. Gran parte de la responsabilidad tienen los gobiernos locales, cuyo desafío y cabal conocimiento de causa se les presenta hoy que cuentan, en muchos casos, con nuevas administraciones. Por ello, la importancia de articular y coordinar políticas a escala nacional y seccional y canalizar a través de los gobiernos autónomos descentralizados.
Los avances en la inclusión de la educación general básica contrastan con la preocupación por la persistencia de los altos niveles de deserción y la falta de acceso al colegio. Se ejemplifican cantones de Manabí, Guayas y la Región Amazónica. Niñas y niños que siguen trabajando incluso pese a que la Ley prohíbe expresamente. El embarazo adolescente, dado que hoy empiezan relaciones alrededor de los 12 años de edad. Otro tema muy grave: niñas y niños que no tienen aún acceso al agua, pese a la llegada del cambio de época. ¿Cómo se puede tener así una vida digna y peor proclamar en el discurso el buen vivir? Resulta iluso hablar de un futuro promisorio para la niñez y la adolescencia si no existe un presente con las mínimas necesidades básicas.