La concatenación de sucesos ilegales iniciados con la captación de aportes de las guerrillas de las FARC, para financiar una campaña presidencial han desembocado en consecuencias de una magnitud no prevista por los enceguecidos por el afán ilimitado de captar poder y riqueza, vengan de donde vinieran, por inmorales e ilícitos que fueran en su origen; posteriormente, ese gobierno sumó una larga cadena de hechos que evidencian, con total claridad, su complicidad con movimientos insurgentes internacionales ligados al tráfico de drogas; por ese compromiso cambiaron la constitución adecuándola a futuras ilegalidades, avergonzaron al país al usar las valijas diplomáticas para transportar drogas a Europa, suspendieron el control del transporte marítimo de las substancias prohibidas al expulsar a la base de Manta, permitieron el ingreso masivo, sin verificar el pasado judicial, de extranjeros, muchos de ellos representantes de la escoria delincuencial de sus países; establecieron convenios con bandas y les introdujeron en la política y en instituciones gubernamentales y legislativas; prostituyeron a la justicia con la designación de jueces y fiscales afines a su línea política de abuso y corrupción, integraron cortes con sus partidarios sobornables y surgieron sentencias, habeas corpus y dictámenes de libertad precoces y contrarios a la ley, encaminados a abonar impunidades, unas ya otorgadas y otras buscadas incesantemente por aquellos ex funcionarios que han recibido sentencias en firme por haber delinquido. El enorme torrente de crímenes, secuestros, extorsiones, (vacunas), crece día a día hasta convertir a nuestro país en el más peligroso de América, con una alta ola delincuencial que genera angustia en la población que, sintiéndose desamparada, vive con temor. Felizmente el ambiente de inseguridad ha sido sacudido con luces de optimismo y esperanza fundamentados en la valiente denuncia de la Fiscal General, con la presentación del caso Metástasis y con la decisión presidencial de hacer frente a este huracán criminal, que afecta a la nación,declarándole la guerra. En acciones preliminares, ha obtenido evidentes triunfos: ha liberado rehenes y capturado a una gran cantidad de delincuentes.
El gobierno está empeñado en construir mega cárceles, esperamos que no sean únicamente reclusorios y que, al contrario, se orienten a rehabilitar socialmente a los presos mediante actividades de beneficio público como trabajo en talleres artesanales, en granjas penitenciarias o en el mantenimiento de carreteras. Esas ocupaciones contribuirían a generar dinero para cubrir parcialmente los altos costos de mantenimiento de los presidios y mermarían el tiempo de ocio intoxicado, en el que planifican y dirigen acciones terroristas, desde su cautiverio.
Esta guerra requiere de la unión de todo el país, debemos respaldar al presidente, pero él debe evitar confrontaciones vanas que rompan esa unidad; la Asamblea está obligada a fortalecer la determinación gubernamental y a hacer un paréntesis de patriotismo, para aprobar leyes indispensables para la consecución de la paz y de la victoria total; entre ellas, la extradición de delincuentes, la extinción de dominio de bienes ilícitos y la suspensión del subsidio a los combustibles. El respaldo nacional y la unidad total, nos llevarán a la victoria en esta guerra en la que el adversario tiene mucho dinero, poder y armas sofisticadas.