Carlos Larreategui

Muerte cruzada o suicidio

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Miércoles 10 de agosto 2011
10 de August de 2011 00:02

El Frankenstein jurídico elevado a rango de Constitución por la Asamblea de Montecristi consagró la facultad del Presidente de la República de disolver el Parlamento. Esta figura conocida en nuestro medio como muerte cruzada es propia de los regímenes parlamentarios y resulta muy extraña en un sistema presidencial como el nuestro. No es coincidencia, sin embargo, que regímenes autoritarios como el de Stroessner en Paraguay y Pinochet en Chile (texto original de la Constitución de 1980) hayan recogido esta figura para profundizar el autoritarismo presidencial y debilitar a la Función Legislativa.

El fracaso de Alianza País (AP) en la elección de autoridades legislativas puso en evidencia la pérdida de control político sobre la Asamblea y el inicio de un nuevo ciclo que dificultará la aprobación de leyes gubernamentales y el archivo de juicios políticos. Por ello, el movimiento oficialista amenaza con recurrir a la muerte cruzada y clausurar la presente Asamblea. En un análisis publicado ayer por EL COMERCIO se transmite la idea de que la disolución de la Asamblea beneficiaría enteramente al Régimen ya que le permitiría gobernar por unos meses sin cortapisas y aprobar leyes mediante decreto. Adicionalmente, se dice allí que las elecciones presidenciales y legislativas que seguirían a la disolución darían un triunfo inequívoco a AP, y que los únicos adversarios habilitados para presentar candidatos serían el MPD y el PRE. No concuerdo con este análisis. Creo, al contrario, que la muerte cruzada aceleraría dramáticamente el desgaste de AP y garantizaría su derrota política.

Para comenzar, la desaparición momentánea de la Asamblea Nacional no modificaría en lo más mínimo los procesos políticos ni daría poderes adicionales al Presidente; el Poder Legislativo ha sido hasta aquí una simple ficción. Pero la imagen desnuda de un Gobierno que controla férreamente el aparato del Estado incrementaría el malestar ciudadano y afectaría negativamente nuestra imagen internacional. Luego, sin partidos ni movimientos representados, la ciudadanía estaría obligada a actuar de manera organizada y directa, algo que este Gobierno teme por sobre todas las cosas. Finalmente, AP jamás ganaría las elecciones legislativas y conseguiría un número de curules cercano al que posee hoy. Así, el Gobierno perdería control sobre el Parlamento y las otras instituciones como la Corte Constitucional, el CNE y la Función Judicial. Por lo demás, sería impensable y absurdo suponer que unas próximas elecciones incluyan solo al PRE, al MPD y a AP, tal como lo afirmó un vocal del CNE.

En materia de disolución parlamentaria el Ecuador solo cuenta con la experiencia de las dictaduras pasadas. Si bien es difícil anticipar el futuro podemos estar seguros de que una muerte cruzada abriría la caja de Pandora.