Farith Simon

Matrimonio: amor y odio

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Lunes 17 de junio 2019

El día 12 de junio del 2019 quedará marcado de forma definitiva en la historia del Ecuador. Sin importar las posiciones personales, las sentencias de la Corte Constitucional que dan paso al matrimonio civil igualitario serán un referente indiscutible.

La mayoría de reacciones, especialmente las contrarias a la decisión, no están marcadas por la ponderación, hay odio, lenguaje ofensivo e incluso amenazas abiertas en contra de quienes han liderado el proceso, participaron en la decisión.
De las acusaciones que han recibido los cinco jueces de la Corte Constitucional, que votaron a favor de las dos sentencias, algunas son claramente contradictorias. Se dice que estos jueces y juezas cumplen con una agenda del “activismo judicial de izquierda”. Sobre el activismo judicial se puede tener dos miradas, una, positiva, implica reconocer el compromiso de los jueces con la defensa de derechos: el rol esencial de la jurisdicción. La otra, negativa, usar el cargo para imponer una agenda.

Creo que las decisiones de los jueces constitucionales dando paso al matrimonio igualitario, al interpretar el art. 67 de la Constitución, están plenamente justificadas y dan cuenta de un compromiso firme por los derechos, un activismo positivo. Leer las sentencias despeja dudas sobre la supuesta irracionalidad de esas sentencias. Lo descabellado es decir que el matrimonio igualitario forma parte de una agenda de izquierda, cuando la decisión expresa un compromiso liberal al resaltar la protección de la libertad individual a fundar una familia con base en la igualdad ante la ley. Al final se reconoce el derecho de dos personas adultas que se aman a unir sus vidas y que esa unión sea protegida en los mismos términos que las de las parejas heterosexuales, sin afectar los derechos de los demás. La lista de países que reconocen el matrimonio igualitario, no pueden considerarse con gobiernos de izquierda.

Otra afirmación absurda es sostener que la decisión vulnera los derechos de la mayoría cristiana. El Ecuador es un Estado laico, implica que cada persona puede profesar su religión y vivir de acuerdo a sus creencias. Que exista matrimonio igualitario no limita a quienes tienen una determinada creencia a vivir de acuerdo a sus preceptos. Considerar que debido a que la mayoría de ecuatorianos profesa una religión debe generalizarse su forma de vida es peligroso, implicaría -por ejemplo- legitimar que en un país de mayoría no creyente los cristianos sean obligados a dejar los preceptos de su fe y vivir de acuerdo a las decisiones de quienes son mayoría.

Los creyentes tienen el derecho a defender sus convicciones, nadie les puede reprochar por ello, pero no pueden pretender obligar a los demás a vivir de acuerdo a ellas. Quienes defienden el matrimonio igualitario piden al Estado que proteja el amor y el compromiso de futuro de todas las personas, sin discriminarlas por ser sexualmente diversas, en los términos previstos en nuestra Constitución.