En su libro apologético de la dolarización, Jamil Mahuad señala algunas causas que condujeron al desastre económico y a la adopción de la medida. La limitada extensión de un artículo no permite referirse sino a algunos otros aspectos, fundamentales para entender el proceso íntegramente.
La sanidad y fortaleza del sistema financiero es vital para el buen funcionamiento de la economía, en cualquier país. Su debilidad o insolvencia quiebran cualquier posibilidad de desarrollo. El libro pasa muy por encima, demasiado por encima, aspectos que ni son episódicos ni irrelevantes. La crisis del Banco del Progreso y otros bancos no se produjo solamente por el fenómeno del Niño y sus repercusiones en los créditos. Los préstamos vinculados y el desenfreno con que se condujeron muchos de ellos requerían de mano firme y oportuna del Estado, que no existió. Se designó como Superintendente de Bancos al abogado relacionado con el Banco del Progreso con los votos de los diputados socialcristianos y de la DP. Fue una acción –activa o pasiva- del gobierno. La intervención en el Banco del Progreso, cerrado, sin atención al público, permitió que se sustituyeran créditos de EMELEC y varias empresas, vinculadas y no, por operaciones de cientos de ilustres desconocidos, choferes, porteros, conserjes, amas de casa y empresas formadas con ese exclusivo propósito. La detención del banquero, ordenada y ejecutada por el ministro de Defensa, general José Gallardo, se hizo cuando la situación del banco era insostenible y cuando ya había contagiado a buena parte del sistema financiero, en carrera loca desatada por captación de recursos a cualquier precio y condición. La trágica congelación de los depósitos no se habría dado con adecuado y oportuno control gubernamental sobre los bancos prostituidos.
No hay duda de que el origen de los abusos estuvo en la Ley dictada en 1994 por el gobierno Durán Ballén-Dahik que propugnó el establecimiento del “supermercado financiero”, en que los bancos podían hacer todo lo imaginable, a pesar de las advertencias de que sus normas acabarían en lo que acabaron: la quiebra del 60% de los bancos y el millonario costo que significó para el Estado. A esas disposiciones que liberaban todo se sumó la inercia y complicidad de las autoridades de control que, como en el caso del Banco del Progreso -y en varios más- ni vieron ni oyeron nada de lo que pasaba a la vista de todos. Cuánto de esa inacción se debió al millonario aporte del banquero Fernando Aspiazu a su campaña presidencial, queda en la conciencia de Jamil.
En esas circunstancias, con la economía descontrolada, el sistema financiero en crisis y la inflación disparada, se forzó la medida de dolarizar. Que haya resultado positiva por las razones expuestas en el libro y otras más, es otra cosa. Que fue traumática, sin duda. Y que salir de ella sería peor, también.