José Ayala Lasso

Una ley para todos

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Sábado 07 de diciembre 2019

La violencia desatada durante las manifestaciones de octubre fue reprobada por toda la ciudadanía sensata, que condenó la malévola maniobra que quiso crear el caos para favorecer el retorno del anacrónico socialismo del siglo XXI.

La irresponsable actitud de ciertos dirigentes indígenas acarreó sobre ellos la condena general, que se hizo extensiva -injustamente- a los pueblos que dijeron representar. Si bien éstos tenían fundados argumentos para protestar por el retraso histórico que les ha perjudicado, sin que los gobiernos hubieran respondido con programas eficaces para disminuir las desigualdades y propiciar el desarrollo general, la actuación de sus líderes, brutal y desproporcionada, y la dialéctica de odio que utilizaron para conducir a las masas, produjeron un efecto tremendamente negativo para su causa.

Una especie de resentimiento flota en la ciudadanía, que responsabiliza a todos ellos por la violencia inusitada que estremeció al país.

Además, los pronunciamientos de dichos líderes, que pretenden que el respeto a las distintas culturas que integran el Ecuador, especialmente en cuanto a la administración de justicia tradicional , se extienda hasta crear un nuevo sistema de derecho que incluya facultades ejecutivas, legislativas y judiciales, dotado de ejército y policía propios, van más allá de lo establecido en la Constitución y más allá de lo que los poderes públicos pueden tolerar: conspiran contra la existencia del Ecuador como estado multicultural pero unitario.

La llamada causa indígena había logrado despertar adhesión y apoyo generales; los últimos sucesos están afectándola y perjudicándola. Los justos reclamos sociales perderán sustento político si continúan ejerciéndose con insensatez, pues corren el riesgo de ser identificados con las maniobras desestabilizadoras que son el mecanismo usado por los agitadores socialistas para sus planes ideológicos.

Corresponde a los dirigentes indígenas meditar sobre los resultados contraproducentes de su conducta y, a sus pueblos, exigirles que cambien tan extraviada actitud. Algunos sabios, prudentes y experimentados líderes indígenas ya han advertido estos peligros y públicamente han pedido a la actual dirigencia morigerar sus desplantes y actuar dentro del respeto a la Constitución y a las leyes. Que su voz no caiga en el vacío.

Los nuevos incidentes en la provincia de Cotopaxi obligan al gobierno a prepararse para defender el derecho de todos los ecuatorianos de vivir en paz y seguridad y le exigen dialogar hasta acordar un plan de trabajo eficaz y visible que satisfaga y corresponda a las legítimas aspiraciones indígenas, bastardeadas, en fondo y forma, por algunos de sus actuales dirigentes. Todos debemos aportar para que no resurjan en el país condenables sentimientos racistas.