Ramiro Rivera Molina

Lea algo señora Atamaint




Los parecidos entre el prófugo de la justicia, el señor Correa, con la señora Atamaint son inconfundibles que añadidos serían una misma cosa. El uno, desde el ejercicio del poder omnímodo, judicializó las opiniones. Recordemos las demandas contra la Revista Vistazo y el periodista Emilio Palacio. La torpeza de penalizar una opinión sobre asuntos públicos, que mereció sentencias de la Corte Constitucional como de la Corte Interamericana. Al parecer, Diana Atamaint todavía no comprende su contenido.

La denominada Ley Orgánica de Elecciones o Código de la Democracia, que formó parte del andamiaje jurídico del autoritarismo para la hegemonía política, sigue intacto, facilitando la sobre representación del movimiento del caudillo fugitivo y la persecución a los periodistas de opinión.

Roberto Aguilar, comunicador brillante, agudo y frontal, ha sido denunciado por la señora Atamaint ante el TCE, dizque, por «violencia política de género», que la «denigra», con «estereotipos de género». La opinión crítica no es por su condición de mujer, por indígena o por envolverse con atuendo indígena. Lo es, porque en su desempeño público, denigra la función que ejerce e ignora elementales deberes que le impone las reglas y la ética pública. La dama es parte de la escolta política del caudillo, quien, estaría presionando a más de un juez del TCE, para que castiguen a Roberto Aguilar.

La denuncia es por demás atontada, irrelevante y sin sentido. Hace 60 años, o sea en 1964, la Suprema Corte de los EE.UU. en la Sentencia New York Times v, Sullivan dijo: «La discusión sobre asuntos públicos ha de ser desinhibida, consciente y amplia, de manera que la misma bien puede conllevar criticas vehementes o casuísticas, así como ataques incisivos que resultan poco gratos para el gobierno y para quienes desempeñan funciones públicas». Hay un sinnúmero de sentencias y precedentes de los tribunales constitucionales y de los derechos humanos.  Atamaint debería aprovechar algo de tiempo en sus numerosos viajes, para que lea algo acerca de la protección que el ordenamiento constitucional dispensa a la opinión acerca de asuntos públicos. Leer es gratis. No hay tarifas para quien lee ni deja dividendos, salvo la satisfacción de aprender algo.  

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