Reinaldo Páez Z.

La justicia politizada




El reservado pacto, no admitido por las partes involucradas, se desenmascara públicamente, con el sorpresivo cambio de pronunciamiento de la bancada de gobierno en la Asamblea, en un lapso muy corto (10 horas). Entrevistas radiales a asambleístas del correísmo dejaban entrever, en días anteriores, a la sesión de destitución y censura a los vocales de la Judicatura Fausto Murillo y José Morillo, un profundo resentimiento de esos legisladores con el gobierno, porque aducían que estaban siendo utilizados y engañados por el oficialismo y amenazaban con apartarse de los acuerdos secretos, en los que se incluyen a los social cristianos.

El grupo de gobierno y los independientes se oponían, el día anterior a la votación, a la destitución de Murillo y hasta anunciaban la conveniencia de separar la votación de cada caso, para evitar la censura y destitución del uno y permitir la censura del otro.

Gestiones apuradas de correistas y del viceministro de gobierno, consiguieron invalidar los discursos emitidos el día anterior y uniformar sus votos con los del movimiento Revolución Ciudadana y con los del partido Socialcristiano, con lo que se daba lugar al restablecimiento del pacto “para Gobernabilidad”.

Se destituyó al vocal Fausto Murillo “por haberse arrogado funciones,” pese a que fue elegido, como presidente temporal por los vocales del Consejo de la Judicatura y se censuró a Juan José Morillo por “tráfico de influencias”.

Surgen dudas, especialmente en la destitución y censura de Fausto Murillo Fierro, el último de los vocales titulares que conformaban el Consejo de la Judicatura, pues en los últimos cinco años, a causa de renuncias voluntarias o hechos de corrupción, el Consejo no cuenta con vocales titulares. ¿Ameritaba esa acusación la destitución de Murillo?... o ¿no convenía al correísmo la presencia de este vocal en el Consejo de la Judicatura y era mejor prescindir de él, para tratar de nominar a vocales afines a sus protervos intereses de enjuiciar a la valiente y patriótica fiscal, como escalón para alcanzar la inmunidad de sus sentenciados y prófugos coidearios, que tanto daño hicieron al país?

El presidente Noboa tiene un 82% de respaldo popular, justificado, porque ha ejecutado acciones decisivas y coherentes; pero debe ser muy cauteloso en no adherirse a la defensa de los intereses de sus, poco honestos y desprestigiados, compañeros del pacto, pues el deshonor mancha al buen nombre, como el lodo pegajoso de la inmoralidad, la deshonra y la corrupción.

El país necesita que las funciones Ejecutiva, Legislativa, de la Fiscalía General, de la Corte Nacional de Justicia(cuyo delegado deberá presidir el Consejo) y de la Defensoría Pública, envíen sus ternas para renovar las cinco vocalías principales y una suplente, integradas con gente proba, pues de  ellas se escogerá a los a los vocales que integrarán una nueva mayoría para la toma de importantes decisiones, será el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) el que tenga a cargo la elección de estas autoridades. El país debe estar prevenido, para evitar que la nueva estructura del Consejo de la Judicatura de paso a la inmunidad de prófugos y sentenciados e impida el enjuiciamiento de la mejor funcionaria pública, la valiente y acertada Fiscal General, doctora Diana Salazar, del que todo el país está alerta y vigilante.

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