Julio César Trujillo cumplirá con su palabra de iniciar la recolección de firmas para que se convoque a consulta popular a fin de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
La jornada electoral se cerró el domingo a medianoche con la incertidumbre de los resultados más sencillos, los de la mayoría de alcaldes y prefectos. Los escrutinios han avanzado con un tortuguismo exasperante. En las primeras horas del lunes, cuando ya se había definido el desenlace electoral hasta en Quito con casi todas las actas escrutadas para la Alcaldía, perduraba la incógnita absoluta sobre la elección de integrantes del Cpccs.
Aunque el Consejo Electoral de Diana Atamaint se lavó las manos al decidir sobre la justa propuesta de Luis Verdesoto para que, en los escrutinios, se diera igual valor, como manda el sentido común y la Constitución, a los votos válidos y los votos nulos para consejeros del Cpccs, ese organismo tendrá una legitimidad disminuida por el porcentaje de votos con el que lleguen a él sus integrantes y por la forma de elección, con unos sufragios a ciegas, sin que el elector pudiera conocer a los candidatos, ni su pensamiento, ni sus propuestas, porque tenían prohibición de realizar campaña electoral.
El previsible alto número de votos anulados y en blanco por rechazo, desconocimiento o confusión y esa minada legitimidad llaman a redoblar el apoyo a Trujillo en la recolección de firmas para dar de baja al Cpccs.
Ya se ha repetido hasta la saciedad: la participación ciudadana burocratizada es un contrasentido. La prueba evidente son los nocivos resultados que arrojó el Cpccs en la década correísta: fue un instrumento para elegir autoridades de control a la medida de la voluntad presidencial; además, el organismo sirvió al régimen para la acumulación autoritaria del poder.
Con contralor del Estado y fiscales tan cercanos a Correa, el país quedó sin una confiable función de control y fiscalización. ¿El resultado? La desbocada corrupción. El Cpccs fue también una cortina de humo para torpedear la participación ciudadana, por medio de la persecución a dirigentes sociales, la criminalización de la protesta, la mordaza a la libre expresión…
Muchas enseñanzas se deberán sacar cuando se conozcan los resultados completos de los escrutinios. La dispersión por la multiplicación de movimientos y grupos electorales, ha dado como fruto, también en el caso de alcaldes y prefectos, la contraproducente situación de triunfadores con menos del 30% de los votos. Las reglas electorales deben entrar a debate para una modificación integral del Código de la Democracia. La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como una de las reformas constitucionales urgentes es una causa que puede unir a las tendencias políticas fraccionadas.
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