Miguel Rivadeneira

Jueces y políticos, ya basta

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Lunes 30 de septiembre 2019

La paciencia de los ecuatorianos no es eterna. Mientras se sufre la crisis económica, crece el desempleo y la falta de empleo pleno que genera angustia en las familias, la mayoría de la dirigencia política no asume su responsabilidad frente a la necesaria y urgente reforma electoral y hay operadores de justicia que se acostumbraron a tapar la corrupción generalizada que se heredara del nefasto correísmo, con una “bien estructurada organización delictiva”, como acusa la Fiscalía.

Quienes han litigado en la justicia saben el calvario que deben pasar. El país no puede seguir admitiendo cómo determinados operadores de justicia sospechosamente le hacen el juego a los corruptos, dilatan juicios,demoran audiencias, posponen diligencias, eso lleva al retraso injustificado de los procesos, y extiende la impunidad.

Ese es el último caso de dos jueces penales de Guayaquil (aunque no son los únicos), suspendidos y en investigación, en forma impresentable incurren en actuaciones irregulares que afectan a la correcta y oportuna administración de justicia. Han dilatado las audiencias reiteradamente en favor del líder del partido entregado al correísmo, sentenciado a 10 años de cárcel por lavado de activos y procesado por enriquecimiento ilícito.

No se puede admitir cómo abogados defensores ofenden a juezas y jueces, incluso con el envío de fotografías de sus heces fecales, para justificar su inasistencia a las audiencias en contra del sentenciado ex vicepresidente y que tiene otras causas pendientes.

No puede temblar la mano para sancionar a los malos abogados que emplean artimañas y pruebas deformadas y procedimientos de mala fe, que castiga el Código de la Función Judicial (art. 335).

También el país no puede mirar impasible la indiferencia en la Asamblea para viabilizar y conseguir los votos necesarios a fin de aprobar la reforma electoral, que permita cambiar el Código de la Democracia y terminar con las inequidades, la corrupción y el financiamiento oscuro de las campañas, con doble contabilidad y el aporte de ciertas empresas que luego se beneficiaron de contratos del Estado, como ocurriera en el gobierno del prófugo en Bélgica (caso sobornos 2012-2016).

Hay puntos mínimos que deben aprobarse y para ello la Asamblea y los indiferentes dirigentes políticos necesitan una presión cívica y democrática para que no evadan su responsabilidad, dejen de preocuparse solo de los comicios presidenciales del 2021 y piensen en el país. Un riguroso control del gasto electoral, con la bancarización de los aportes, que impidan dineros sucios de financistas, incluso que pudieran provenir del narcotráfico.

No puede mantenerse el método inequitativo del reparto de escaños ni la actual estructura de circunscripciones territoriales y distritales.