Lo que en criterio del presidente debe sellarse con el “nunca, jamás”, así debe ser. Después de aquello, simplemente se debe acatar.
En los días que corremos, tanto los que están en mayoría absoluta en la Asamblea, como los que deben decidir en las cortes y juzgados, saben su rol de operativos y funcionales. Lo que sí deben intentar es mantener las formas, sin embargo a algunos más les interesa que se sepa de su obsecuencia, como expresión de hacer méritos. Y ahí, a veces surgen problemas, como que hubiese libretos que simplemente deben respetarse.
Algunos enunciados como que a veces parecen diferidos, pero luego se activan.
Correa ofreció castigar a quienes actuaron fuera de la Ley, en la represión a los militantes de Alfaro Vive Carajo, algunos de los cuales están en el Gobierno, y lo está cumpliendo. Es el caso de los cuatro coroneles y cinco generales militares y un general de la Policía, oficiales de otros rangos en los años 80, procesados por delitos de lesa humanidad. En la legislación interna penal del Ecuador, en dichos años 80, no había una mención explícita de la imprescriptibilidad de tales delitos, ni que por aquéllos nunca habría causa cerrada, pero su definición con ese carácter en instrumentos internacionales -y aun con efectos de retroactividad- por años se ha venido fortaleciendo. Las últimas Constituciones -no solo la de Montecristi- ya los consideraron así. El Gobierno al impulsar ese juzgamiento debe estar claro que está fijando precedente.
La versión gubernamental del 30-S de 2010, por ejemplo, deberá estar blindada, porque los críticos de esa versión han sido repetitivos en que esperan que algún día se abra un proceso por delitos de lesa humanidad.
También están las hipótesis de afectación a pueblos no contactados y la de eventuales daños ambientales en la Amazonía, porque de denunciarse o acusarse, uno y/u otro, por norma constitucional y convenciones internacionales vigentes, serían infracciones imprescriptibles.
Por otro lado, es usual aquella frase que hay que buscar sancionar al “dueño del circo, no a los payasos, ni a los trapecistas”. En el caso de los Alfaro Vive, supongo que identifican al Ing. León Febres Cordero como el “dueño del circo”. Pero, ahora se está procesando a los que equivaldrían a los “trapecistas”, a los que cumplían órdenes, además seguramente excediéndose.
También interesante el precedente. Quienes son los operativos y funcionales de abusos del poder deben estar claro que no hay orden superior que los libere en delitos imprescriptibles. El reconocimiento del poder por su servilismo, de darse, algún día puede trocarse en sanción por los mismos hechos.
¿O será que el movimiento gobernante está seguro que nunca jamás quienes piensen diferente llegarán al poder?