La firma electrónica es un conjunto de datos que permite identificar al firmante de un documento electrónico y garantizar la integridad y autenticidad de este. Este tipo de firma se utiliza para realizar trámites o contratos en línea, sin necesidad de una presencia física o de un dispositivo especializado.
Su uso ofrece múltiples beneficios para los ciudadanos, las empresas y el Estado como: el ahorro de tiempo y dinero, al evitar el uso de papel, tinta, transporte y almacenamiento de documentos físicos; mayor seguridad y confianza, al reducir el riesgo de falsificación, alteración o pérdida de documentos; mayor eficiencia y agilidad, al facilitar el acceso y la gestión de documentos electrónicos desde cualquier lugar y momento; y mayor transparencia y control, al dejar un registro electrónico de las operaciones realizadas con firma electrónica.
Cuando es un simple mecanismo de autenticación que, identifica formalmente al autor como: nombre, correo electrónico, número de teléfono, contraseña, usuario, huella dactilar, firma manuscrita digitalizada o escaneada, entre otros, se la conoce como firma electrónica simple. Y se usa cuando, la normativa,en el mundo físico, no exige que el documento tenga una firma manuscrita para tener valor legal, por ejemplo una transacción comercial no requiere de un documento físico firmado de puño y letra, pues su validez jurídica se da por el simple acuerdo verbal de cosa y precio. Es decir, si en el mundo físico no se requiere ni de documento escrito ni menos aun la firma ológrafa de las partes, en el mundo virtual, no se podría solicitar requisitos adicionales en virtud del principio de equivalencia funcional.
Ahora bien, si en el mundo físico, para determinar la validez de una transacción se requiere de un documento escrito y que además deba estar firmado entre las partes, estos requisitos legales se trasladan al mundo digital y por eso se requiere de un tipo de firma denominado firma electrónica certificada. La firma electrónica tiene la misma validez jurídica que la firma manuscrita, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la ley.
La firma electrónica certificada es aquella que requiere de un certificado emitido por una entidad certificadora de firma, y que se basa en un sistema criptográfico asimétrico, que genera una clave pública y una clave privada, que solo conoce el firmante.Para tener firma electrónica certificada se necesita adquirirla a una entidad certificadora de firma autorizada por el Estado.
En los últimos cinco años, se ha observado un aumento significativo de las entidades certificadoras de firma electrónica en Ecuador, pasando de 4 en 2016 a 13 en 2024, según consta en el Listado de las Entidades de Certificación de Información y Servicios Relacionados Acreditados y Terceros Vinculados, debidamente acreditadas por parte de ARCOTEL, Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.Estas entidades son las encargadas de emitir, renovar, revocar y administrar los certificados de firma electrónica, tanto para personas naturales como jurídicas.
El fenómeno del aumento de entidades certificadores locales responde a las tendencias globales de la digitalización y la transformación digital, que exigen mecanismos de seguridad y confianza para garantizar la validez y la legalidad de los documentos y las transacciones electrónicas y puede producirse debido a la demanda creciente de servicios digitales, tanto por parte de los sectores público y privado, como de los ciudadanos, que requieren de mecanismos de seguridad y confianza para realizar transacciones electrónicas.
Asimismo, la normativa vigente establece la obligatoriedad de la firma electrónica certificada para ciertos trámites y procesos, como, la declaración de impuestos, la contratación pública, la firma de documentos notariales, entre otros.
Este aumento tiene efectos positivos para el desarrollo del comercio electrónico, la administración pública y la ciudadanía en general, ya que implica una mayor competencia, una mayor cobertura, una mayor eficiencia e inclusión, que se traducen en beneficios económicos, sociales y ambientales.
Ha permitido la entrada de nuevos actores al mercado de la certificación electrónica, tanto nacionales como extranjeros, que ofrecen diferentes tipos de certificados, modalidades de emisión y precios; ha facilitado el desarrollo de soluciones de firma electrónica más accesibles, rápidas y eficientes, que se adaptan a las necesidades y preferencias de los usuarios; ha generado una mayor calidad y variedad de los servicios de certificación electrónica, así como una reducción de los costos y tiempos para los usuarios; y ha propiciado una ampliación de la cobertura, que ha permitido que más personas y organizaciones puedan acceder a los beneficios de la firma electrónica, especialmente en zonas rurales y remotas, donde la presencia física de las entidades certificadoras era limitada.
Sin embargo, también implica desafíos como la necesidad de garantizar la interoperabilidad, la compatibilidad y la verificación de los certificados emitidos por las diferentes entidades certificadoras, así como la protección de los datos personales, su privacidad y la seguridad de la información.
Por lo tanto, se requiere seguir incentivando su uso, que se fomenten y supervisen mecanismos de interoperabilidad, compatibilidad y verificación, que se respete la normativa de protección de datos personales y que se realice campañas de educación digital para masificar su uso y reducir brecha tecnológica. Todo ello con el objetivo de profundizar la digitalización y la transformación digital de las organizaciones y el aprovechamiento de las oportunidades y eficiencias de estas tecnologías.