En el libro “La sala de máquinas de la Constitución”, una suerte de clásico del constitucionalismo contemporáneo, Roberto Gargarella advierte que los textos constitucionales que se aprobaron en la región tienen una gran debilidad: una supuesta profundización democrática y amplios catálogos de derechos, que conviven con formas de ejercicio de poder que vienen del pasado; en nuestro país esto se reflejó en el híperpresidencialismo correísta. Aunque algunas reformas respondían a la inestabilidad institucional por las destituciones irregulares de presidentes, había una clara intención del movimiento gobernante de establecer un autoritarismo con apariencia democrática. Sin importar cuantas referencias el texto constitucional haga a la democracia participativa o al control del poder, el resultado fue un régimen pensado como traje a medida a Correa y su permanencia en el poder.
Así, mayorías legislativas ganadas en elecciones desiguales, instituciones de control controladas, resultantes de formas de designación pensadas para asegurar la presencia de los leales y no de los más competentes, a partir de aparentes concursos de méritos con doble sujeción al poder por parte de los elegidos: su cercanía política y su “deuda” por el cargo. Incluso cuando los elegidos tenían las calificaciones académicas y la experiencia para el puesto, esa certeza de que sin el “auspicio” del “proyecto” no podrían haber llegado a la posición, hacía que toda la institucionalidad dependiese del control de un movimiento, en última instancia, de una persona.
El distanciamiento -inesperado- de Moreno dio paso a un proceso destinado a reemplazar a una institucionalidad cooptada por un movimiento político y marcada por la corrupción. La consulta popular que dio paso al Consejo de Transición legitimó esa acción; Julio César Trujillo, un hombre honesto y demócrata lideró un proceso salpicado por algunas decisiones cuestionables, con designaciones que el tiempo demostró que no fueron las mejores y otras que sin duda son aciertos (la conformación de la Corte Constitucional parece). Pero todo depende de una estructura institucional sin cambios de fondo, pensada desde el autoritarismo; así, las tensiones institucionales exacerbadas por decisiones no siempre basadas en derecho han abierto la puerta a una crítica continua al proceso, llamándolo despectivamente el “trujillato”, asignándole todas las responsabilidades de las fallas institucionales, de las malas decisiones del Ejecutivo. El Consejo de Transición cometió muchos errores; sin embargo, endosarle toda la responsabilidad por lo que sucede, debida al mal diseño institucional, a la incompetencia personal o a la corrupción, parece la búsqueda de un chivo expiatorio, en una operación de lavado de cara de los autoritarios, de los funcionarios serviles -muchos , incompetentes- y a crear condiciones para un nuevo cambio de autoridades, en la que algunos de los críticos acérrimos necesitan un muerto malo, porque pretenden “poner carpeta”.