La decisión de la Interpol, de negar la difusión de Alerta Roja (o notificación de una orden de detención) contra Rafael Correa por el caso Balda, es un nuevo mensaje sobre la desconfianza, a nivel internacional, en el sistema de justicia ecuatoriano, ya que no es la primera negativa que se da a un pedido de este tipo y con certeza no será la última.
Solo para refrescar la memoria, tengamos presente que en el año 2014 la alerta en contra de Jamil Mahuad se borró rápidamente. Incluso, para asegurar su emisión, el entonces ministro José Serrano visitó la sede de la oficina principal de Interpol en Francia. La revocatoria -de acuerdo a lo que se informó- se debía a que el caso tenía “una naturaleza eminentemente política”. Algo similar sucedió con el pedido en contra de Carlos Pareja Cordero y su hijo. En el 2017, se emitió la notificación de detención, posteriormente eliminada porque se consideró que dicha solicitud no respetaba las reglas que establecen su aceptación.
Si bien la Interpol no tiene competencia para decidir la inocencia o culpabilidad de una persona o el modo en que un proceso judicial se lleva a cabo, tiene la facultad de evaluar -antes de aceptar y emitir una alerta- que una petición cumple con ciertas condiciones contenidas en su Estatuto.
La primera, y la más importante, es que todo pedido debe hacerse en el marco del respeto a la finalidad que tiene dicha organización en la persecución de delitos comunes, ya que el principio que regula su existencia es la estricta neutralidad frente a asuntos o actividades de carácter “político, militar, religioso o racial”, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos. Las condiciones restantes tienen que ver con requerimientos que permiten identificar a las personas y las razones por las que se solicita la alerta, la demostración de que las peticiones justifican una acción internacional y que no se perjudicará a la Interpol en tanto sus fines, imagen o intereses.
La desconfianza con las solicitudes ecuatorianas, me parece, tiene que ver con una impresión -no equivocada- de que la justicia no actúa de manera independiente, algo que empeoró con la “metida de mano”; y, que en nuestro país se abusa de la prisión preventiva.
Asumir que la negativa de difusión de Alerta Roja, en un caso en particular, sirve para alertar sobre las dudas que existen sobre el sistema de justicia es posible, pero no es suficiente para afirmar que es una absolución de toda culpa en un caso concreto, por eso Correa no ha sido declarado un perseguido político; o es un sustento para sostener que las decisiones tomadas en el caso Balda sean “ilegítimas o ilegales”.
Esta negativa debería mirarse como un llamado de atención que puede usarse para acelerar los procesos de cambio y garantizar en todos los procesos judiciales una justicia independiente, porque mientras eso no ocurra veremos a inocentes perseguidos como culpables, y culpables que aprovechan de las deficiencias del sistema para parecer inocentes y perseguidos.