Enrique Ayala Mora

Eliminar el Consejo tramposo

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Viernes 05 de octubre 2018

Con el argumento de propiciar la “participación ciudadana” se creó en la Constitución un nuevo poder del Estado: la “Función de Transparencia y Control Social”, un Frankenstein jurídico sin sentido. Esa función tiene como principal organismo al “Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”, cuyas principales atribuciones son nombrar la mayoría de los altos funcionarios y controlar la corrupción.
Desde que se discutía este asunto en la Constituyente fui de los que se opusieron a la creación de la nueva función, así como de la “Electoral”, porque así habrían cinco poderes para en realidad hubiera uno solo: el del ejecutivo autoritario. Los seguimonos del “milagro” venezolano hicieron del Ecuador un país donde la división de funciones no operaba.

En pocos años se vio la realidad. El mal llamado “Consejo de Participación Ciudadana” era escogido a dedo por el gobierno, se integraba con personas vinculadas con el correísmo y tomaba decisiones que le dictaban el presidente y su entorno. Hizo elecciones a base de concursos y “méritos”, como la del Contralor Pólit, que sacó 10 sobre 10 y fue reelecto para en dos meses convertirse en prófugo de la justicia.

Un organismo tramposo, sin representatividad, que montó farsas de designaciones por “meritocracia” y ni intentó controlar la corrupción. Así llegó a un nivel de desprestigio total. Por ello, cuando se trató de hallar un recurso para superar un régimen corrupto y arbitrario, con un esfuerzo de institucionalización del país, la consulta popular le dio, por amplia mayoría, un mandato especial a un Consejo de Participación transitorio para empezar a desmantelar el secuestro correísta del poder y abrir cauces democráticos.

Julio César Trujillo, presidente de ese Consejo, propone la supresión del organismo. Ahora ya es claro que el Consejo de Participación no tiene sentido y que, aunque ahora va a ser electo, su representatividad sigue siendo inexistente. Una lista con doscientos nombres sin referencias será como una ruleta en la elección. Y lo que salga de allí tendrá pronóstico reservado.

Es una propuesta correcta suprimir el Consejo de Participación Ciudadana, pero debe complementarse con el establecimiento de un Senado dentro de la legislatura, que pasaría ser bicameral como en la mayoría de democracias. El Senado sería electo con representación provincial, o sea amplia, y asumiría la competencia de elegir altas autoridades con una rigurosa selección previa de candidatos. Y ejercería, además, funciones de control. La Asamblea Nacional deberá reducirse en número y tener otras competencias. Eso será más equilibrado y democrático.

Lo ideal es la convocatoria a la Asamblea Constituyente para esta y otras necesarias reformas. Pero si una nueva consulta popular es mas oportuna y viable, allá debemos ir.