Si bien la Ley de Apoyo Humanitario fue aprobada el 22 de junio, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) dictó la normativa esta semana.
Mucho tiempo ha tardado el ente en determinar cómo aplicar las nuevas disposiciones legales. En ese interín, tanto afiliados, que son los supuestos dueños del sistema de Seguridad Social, como los empleadores, no supieron a qué atenerse.
Algunos aspectos se regularán. La aplicación de la reducción de la jornada laboral, conforme los límites que la propia Ley determina, debía estar acompañada de una reducción proporcional del aporte patronal. Es apenas lógico suponer que en esa misma proporción el aporte de los trabajadores debe reducirse.
Pero en el tiempo que transcurrió entre la publicación de la Ley y la promulgación de la norma quedó un vacío que las autoridades del IESS dicen que se subsanará como un crédito en aportes futuros.
En cuanto a la aplicación del seguro de desempleo, la rémora ha perjudicado a varios trabajadores que fueron despedidos y no pudieron cobrar su seguro de desempleo a tiempo.
Otro tema que se trata de subsanar con la norma recién dictada es aquel de la atención de salud por un tiempo posterior a la desafección de los trabajadores en concomitancia con el estado de excepción.
Pero el gran tema de fondo pendiente, que desde luego no correspondía corregir en una norma de esta naturaleza, es aquel que tiene al IESS al borde de la iliquidez.
Las prestaciones de salud infladas con millones de beneficiarios que no aportan golpean al sistema. Esa decisión con sentido social y mucho de demagogia, pues nunca tuvo financiamiento adecuado, es una de las más pesadas cargas del IESS.
Claro que este tema merece una reforma profunda. Las condiciones políticas de dispersión no son propicias y la cercanía de las elecciones no ayuda, más bien puede conspirar para que se hagan discursos baratos.
Al IESS hay que meterlo urgentemente en una ‘unidad de cuidados intensivos’, antes de que sea demasiado tarde para todos los afiliados.