El caso de la ex secretaria de Comunicación del Régimen y dirigente indígena Mónica Chuji, enjuiciada por Vinicio Alvarado, condenada en primera instancia y luego perdonada, muestran el estado de crispación política que se vive en Ecuador.
Mónica Chuji se siente una perseguida política. Otros 200 dirigentes de organizaciones indígenas están enjuiciados por terrorismo. La señora Chuji manifestó en una entrevista a este Diario que el secretario de la Administración era un nuevo rico. Alvarado lo consideró una injuria porque supuestamente afectó su honra y la de su familia y presentó un reclamo por la vía judicial que, pese a las conocidas demoras y tiempos lentos de la función destinada a dictar justicia fue fallado en primera instancia y en un tiempo corto si se lo compara con otros casos. Llegó una condena penal de un año de cárcel y USD 100 000 de indemnización para el señor Vinicio Alvarado. Pero el Secretario, demostrando la magnanimidad que se puede sentir cuando se ejerce un cargo público en un Régimen que se caracteriza por la concentración del poder, perdonó a la ex funcionaria.
Ella no acepta y quiere seguir apelando y planteando la nulidad de la causa, puesto que piensa que Alvarado “No es Dios” para perdonar.
El caso vuelve al debate público el estado de la cuestión sobre las libertades ciudadanas, los factores de exposición de los funcionarios públicos y, sobre todo, la muy actual polémica sobre la despenalización de los delitos de opinión.
Recordemos que el Relator de Naciones Unidas sobre libertad de expresión anunció una campaña para promover la despenalización y que la carta democrática y los principios de derechos humanos universales que el Ecuador está obligado a cumplir así la consagran y promueven.