Según las Naciones Unidas, “el edadismo conduce a una salud más pobre, al aislamiento social, a muertes tempranas y cuesta a las economías miles de millones de dólares. En un informe se pide actuar con rapidez para aplicar estrategias eficaces contra este problema”.
¿Qué es el edadismo? El edadismo se refiere a la forma de pensar (estereotipos), sentir (prejuicios) y actuar (discriminación) con respecto a los demás o a nosotros mismos por razón de la edad.
La Academia de la Lengua no incluye la palabra en su real diccionario, pero sugiere que “se puede emplear «edadismo», derivado de «edad», como equivalencia del inglés «ageism», término con el que se hace referencia a la discriminación de las personas basada en la edad”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el maltrato a los mayores un problema de salud pública de carácter planetario. Una de cada seis personas mayores de sesenta años sufre abusos, en entornos comunitarios. Ocurre sobre todo en residencias o centros de atención de larga duración. En un documento reciente, “pide actuar con urgencia para luchar contra el edadismo y realizar evaluaciones e informes sobre este problema con miras a revelarlo como lo que es: una sigilosa pero devastadora desgracia para la sociedad”.
La revista Mundo Diners, edición 464, expone que en Ecuador “los prejuicios hacia los adultos mayores son actitudes aprendidas y naturalizadas, y originan maltrato. El edadismo se expresa desde la violencia en los hogares, hasta la falta de políticas que garanticen el bienestar de esta población. La pandemia agudizó esta realidad. El edadismo se enuncia en lo micro y en lo macro: desde los gritos a una persona mayor —o la otra cara: el silencio— hasta la falta de políticas para garantizar el bienestar de esta población que aglutina a más de 1’300 000 personas en el país”.
Hay que reconocer la existencia de los “mayores”, no como una carga sino como una realidad que compromete a la sociedad y al Estado, y en especial a la familia. Una política pública sobre este tema es emergente. Un primer paso sería reformar la seguridad social -de propiedad de afiliados y pensionistas- con criterios técnicos y no políticos. ¡Y que esta desgracia termine!