El levantamiento de la Conaie tuvo un efecto demoledor sobre lo que la ciudadanía considera es el futuro de la nación. Quedó establecido que una minoría étnica, cuyo dirigente no cree ni en la democracia representativa ni en la economía de mercado, tiene la legitimidad de levantarse, disparar a matar impunemente contra la fuerzas del orden, destruir la propiedad pública y privada, ejercer ellos y no el Estado el monopolio de la fuerza, e imponer al gobierno elegido por el pueblo las políticas públicas a seguir.
Esta perspectiva causa un pesimismo generalizado. Habrá personas adineradas que consideren prudente emigrar llevándose su capital y que también migren profesionales con títulos obtenidos en el exterior. Habrá quienes se planteen si la sociedad y economía de la Sierra han dejado de ser viables. Inversionistas nacionales y extranjeros que pospongan sus proyectos empresariales. La fuertísima elevación del riesgo país, la segunda mayor escalada en el mundo en junio (después del Líbano) es el termómetro de pesimismo de los mercados internacionales.
Urge despejar este panorama desconcertante. Que el gobierno se desembarace de los grilletes que le ha calzado la Conaie. Tiene que quedar claro que las mesas de diálogo no son mesas de imposición. Que a futuro si se recurrirá de ser necesario al uso legítimo de la fuerza; que no se permitirán tomas y vandalismo de campos petroleros y otros objetivos estratégicos, y que se cortarán de raíz los intentos de avasallar ciudades.
Las autoridades tienen que retomar la exploración y desarrollo de minas y petróleo, que aseguran los mayores ingresos fiscales y que permitirán ampliar los programas sociales. Destrabar la entrega de medicamentos en boticas, solucionar la falta de cédulas y pasaportes, poner en marcha las obras públicas. Solucionar las fallas que llevan a la ciudadanía a considerar que el gobierno no escucha al clamor popular.
Que lo de junio quede como una pesadilla, pero que ya despertamos.