La ‘despedida’ de Uber
El día que Uber anunciaba en Las Vegas un acuerdo con Hyundai para ofrecer un servicio de taxis aéreos a partir del 2023, en Bogotá informaba que el próximo 1 de febrero dejará de operar en el mercado colombiano.
La despedida de Uber no es definitiva, pero está generando un debate oportuno en Colombia, porque obliga a las autoridades y a la opinión pública a enfocarse en lo que puede generar la salida de una empresa del calibre de Uber, que no solo ha cambiado el servicio de transporte en el mundo, sino que impactará en otros sectores, desde la fabricación de vehículos hasta la construcción de viviendas en las ciudades.
Detrás del anuncio de Uber está un fallo de primera instancia de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, aceptando la demanda presentada por un poderoso gremio de taxistas, que acusa a Uber de competencia desleal y de incumplir otras normas internas.
En el fondo, como ocurre en otros países de la región y del mundo, los taxistas se sienten amenazados por Uber, pese a que muchos de ellos la usan porque al final del día les representa una ganancia.
En el caso colombiano, el problema también pasa porque el funcionamiento de Uber como aplicación digital está permitido, pero la prestación del servicio no. Por eso, la empresa paga impuestos, aunque sus conductores pueden ser sancionados por no tener los permisos respectivos.
Ese vacío en las normas puede solucionarse con una reforma legal. Pero ahí es cuando entran en escena las presiones y acuerdos políticos entre los taxistas y el Gobierno colombiano, como también ocurre en Ecuador y otros países.
El fallo de la autoridad en Colombia es, en la práctica, un golpe a los consumidores y una protección a los oligopolios de taxistas amarillos, cuyo negocio se quedó obsoleto ante la irrupción tecnológica.
Pero también ocurre que los encargados de realizar las reformas legales no tienen claro cómo regular la innovación. Y eso aplica para Uber, Netflix, Spotify y otras aplicaciones populares en el mundo.
La falta de regulación es un freno para atraer capitales al sector más dinámico en la economía mundial. Cuando se habla de seguridad jurídica hay que estar claro que se necesita un régimen legal que dé certeza a las inversiones en tecnologías de la información y comunicación (TIC).
En Ecuador, la reciente reforma tributaria que empezó a regir desde el 1 de enero pasado se limita a cobrar impuestos a las plataformas digitales, lo cual es positivo pero insuficiente. También se necesita garantizar derechos laborales para conductores, que es algo urgente, con o sin Uber.
La economía digital es una realidad y genera beneficios si hay normas claras. Prohibirla es un retroceso porque aleja inversiones, reduce opciones de nuevos negocios, impide la generación de nuevos empleos, deja a los ciudadanos sin acceso a nuevos servicios, elimina la competencia y, sobre todo, porque el ciudadano paga la factura.
