Un análisis global de las normas del Derecho de familia ecuatoriano hacen evidente su obsolescencia, su incompatibilidad con la realidad social y sus contradicciones con el marco constitucional.
Las personas que atraviesan por una crisis familiar descubren, todos los días, que la normativa no contribuye a enfrentar una situación ya de por sí difícil, al contrario, su aplicación empeora las cosas debido a que –por lo general- favorece al abusivo, al omiso, al “sabido”.
Un divorcio contencioso suele ser largo y doloroso, parece obvio que alguien que presenta una demanda para terminar su matrimonio por una causal ya no quiere mantener la relación, sin embargo, se le obliga a exponer su intimidad y la de su familia ante un juez que tiene el poder de rechazarla luego de meses de litigio.
Se dice que un sistema así favorece a la familia, al cónyuge “no culpable” del divorcio y a sus hijos. En la práctica todos están en una situación de mayor desprotección, las relaciones se vuelven más tensas, se incrementan los conflictos, es imposible preservar el interés de los niños y estos terminan envueltos en procesos judiciales lentos e impredecibles en los prima el palanqueo, las presiones de las partes y, en muchos casos, los prejuicios de los jueces o juezas a cargo de la decisión.
Pocas instituciones jurídicas ,de índole familiar, han cambiado en estos años como resultado de las reformas introducidas en la legislación de infancia; un ejemplo de esto es el nuevo sistema de fijación y cobro de pensiones alimenticias, que siendo mejor, sigue siendo lento, esta diseñado de forma tal que se arriba a decisiones injustas sea porque la pensión es insuficiente o excesiva para las necesidades de los beneficiarios o para la capacidad de los obligados, además de no contribuir a que se mantengan las relaciones filiales.
También es posible identificar algún avance en las reglas sobre tenencia y visitas a menores de edad, empero en las restantes materias la normativa esta totalmente desfasada. Al ya mencionado divorcio por causales se suman las reglas de protección al cónyuge en desventaja, las que regulan los aspectos personales y patrimoniales del matrimonio, las de filiación, la impugnación de la paternidad, en las que se mantienen normas superadas largamente por la realidad social, científica y jurídica.
Estos temas no forman parte de la agenda legislativa o política, al parecer algunos sectores -con gran influencia en el país- se sienten cómodos con un status quo que favorece sus concepciones sobre la familia y han logrado frenar cualquier intento de cambio un obsoleto derecho en el que se refleja una clara influencia religiosa, en un Estado laico.
Los cambios son necesarios y de producirse en concordancia a las necesidades sociales, los derechos de las personas, el avance científico y el sentido común, asegurarían una mejor respuesta a las crisis familiares.