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El pasado 3 de mayo acaba de conmemorarse el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Aunque esta fecha, instituida por las Naciones Unidas en 1993, tiene como finalidad sensibilizar a la humanidad entera sobre la importancia de este derecho inalienable, todavía existen serias limitaciones.
Un reciente informe de la organización Freedom House (FH) revela que en el 2014 la libertad de prensa a nivel mundial decayó por noveno año consecutivo. En lo que se refiere a América Latina, los países con calificaciones más bajas son Ecuador, México, Venezuela y Haití. Las principales amenazas provienen de regímenes autoritarios y del crimen organizado.
En el caso del Ecuador, pese a que el Gobierno afirma a cada rato que no existen limitaciones a la libertad de expresión, este derecho está seriamente afectado. No solo por los continuos ataques del Presidente de la República a periodistas y medios de comunicación, sino incluso por las instancias que se crearon con la entrada en vigencia de la Ley de Comunicación. A más de la larga lista de cadenas, descalificaciones e insultos a periodistas, hay que añadir los intentos que se han dado hasta este momento de enjuiciar a periodistas y medios de comunicación.
Un ejemplo de ello representa la denuncia que acaba de presentar el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, en contra del diario La Hora. La infracción de La Hora se habría dado por no publicar información sobre la rendición de cuentas que hizo el Alcalde en días pasados.
No se comprenden las razones de esta demanda ya que tan importante como una rendición de cuentas son también la promulgación de una nueva normativa local, el nombramiento de un funcionario o la inauguración de una obra. Sin embargo, un medio privado no tiene la obligación de dar cobertura a estos hechos. Para ello están los medios de comunicación municipal.
Lo que llama la atención no es tanto el desatino del Alcalde de Loja sino el hecho de que este tipo de pedidos haya sido acogido por la Superintendencia de Comunicación (Supercom). La recepción de este pedido evidencia una vez más el sesgo y la falta de independencia de esta instancia de control.
Aparte de ello, lo que más me preocupa no es solamente lo que pasa con estos intentos de parte del Gobierno de restringir el ejercicio del periodismo en Ecuador sino con la ciudadanía como tal. Tengo la impresión de que la libertad de expresión no le importa a nadie. La pasividad, la falta de opinión independiente, el silencio y el consentimiento por defecto prevalecen. Si esto fuese así, la reacción ciudadana ante estos embates del poder político a los medios sería otra.
En consecuencia, creo que el declive de las libertades en Ecuador no solo se da por el abuso del poder sino por la falta de conciencia de la gran mayoría de la población de la importancia de tener una sociedad basada en los derechos, pilares fundamentales de la democracia. ¿Qué piensa usted?