Aquí se cree que mediante decretos o con la creación de nuevas instituciones cambiará la calidad de los servicios públicos, sin entender que no habrá un cambio institucional si primero no se produce un cambio personal, de conductas y comportamientos. Mediante Decreto Ejecutivo 737, del 18 de abril del 2001, se creó el Instituto Nacional de Meritocracia, con personería jurídica de derecho público y autonomía operativa, cuyo ámbito es la administración pública central.
Una es la teoría, la buena intención, el gasto y las enormes compras públicas; y otra, la realidad de los hechos, de la vivencia diaria, del pésimo servicio. Por recursos y leyes (reformadas o nuevas) no pueden quejarse. Bien el SRI. El Registro Civil ha mejorado, pero a la Agencia Reguladora de Transporte Terrestre permanentemente le faltan especies o le culpan al sistema para justificar la paralización de determinados servicios.
Por normas no faltan. La Constitución consagra que las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios públicos de calidad, con eficiencia y buen trato. Determina que las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán al buen vivir. Establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por la eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. Suenan muy bonitas las disposiciones constitucionales.
La Ley del Servicio Público, vigente desde octubre del 2010, establece que el servicio público y la carrera administrativa tienen por objetivos propender al desarrollo profesional, técnico y personal de servidores públicos para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad y productividad de sus instituciones.
La formación profesional y la capacitación son vitales para el desarrollo social en un mundo tan dinámico, creciente y de enorme velocidad por las redes sociales. Empero, se cree que con establecer normas y parámetros, incluso más exigentes en determinados niveles con títulos de cuarto nivel y PhD, se arregla el problema.
Qué se saca con PhD (no todos por cierto) que no han tenido nada de experiencia e intentan transformarse en los hacedores de un cambio, sin observaciones de nadie sino con el pensamiento único y nadie puede osar en sembrar solo la duda y peor la crítica. La respuesta ha sido insultos y amenazas. Deben saber que los títulos no constituyen ninguna garantía de éxito sino la formación personal y las competencias. Qué se saca con un brillante profesional si tiene desequilibrios mentales y frustraciones personales, que inciden, contagian, impactan y convencen en una sociedad donde parte de sus integrantes desconoce los procesos o les importa muy poco.