La primera medida que regirá con la llamada ‘Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas…’ acercará a Ecuador a un Estado policial. Sí. Aquella normativa entrará en vigencia en 90 días, pero su disposición reformatoria primera tendrá aplicación inmediata, a su publicación en el Registro Oficial.
Aquella disposición es una reforma al Código Penal, en cuyo artículo 220 rezará, en adelante, que se castigará con cárcel de 1 a 3 años a quien trafique drogas en mínima escala, en lugar de dos a seis meses como ahora.
La nueva Ley cierra una pinza. Hasta el 9 de septiembre de 2015 se consideraba microtraficante de drogas a quien portaba hasta 50 gramos de cocaína. Al día siguiente el Consep aplicó una nueva tabla de dosis, según la cual es microtraficante quien lleva hasta 1 gramo de cocaína, hasta 2 g de pasta base de coca, hasta 0,1 g de heroína o hasta 20 g de marihuana.
Sí, parecen cifras elocuentes. A no ser porque existe otra tabla, del mismo Consep, para no criminalizar al consumidor con dosis permitidas de porte: 1 gramo de cocaína, 2 gramos de pasta, 0,1 g de heroína o 10 g de marihuana.
Que un Gobierno libere en 2008 a los detenidos por 2 kilos de droga y que en 2015 encarcele a quienes portan 1 gramo da cuenta de una tragedia: Ecuador no tiene una política de drogas. Con tablas tan símiles, y ahora que la pena será un año, ¿quién definirá si una persona es traficante o consumidora? ¿La Policía? Si la tenaza punitiva está lista para salir a la calle, ¿está listo el Estado para tratar a los consumidores?
El de las drogas es un problema de salud. Enfrentarlo implica edificar primero una nueva cosmovisión: en 2010, en Quito, el 95% de la población no quería tener como vecino a un drogadicto, mientras que el 90% no quería vivir junto a un narcotraficante; el estudio Antípodas de la violencia del BID lo revela.
No criminalizar a los consumidores será un paso vital. Otro será priorizar condiciones humanas (infraestructura, especialistas, recursos) para tratamiento, rehabilitación y prevención como fórmula para erradicar mafias. ¿Lo harán en 90 días o regirá el Estado policial?