Correa contra de la dolarización
Columnista invitado
Cuando llegamos a la Superintendencia de Bancos en marzo del 2007, el principal problema que teníamos que resolver era el hecho de que Ecuador aún carecía de una ley bancaria que sea funcional para una economía dolarizada.
A pesar de que la dolarización ya había cumplido siete años, la mayoría de sus funciones todavía descansaban sobre los mismos cimientos que habían servido de soporte al sistema monetario que se sostenía en el Sucre; la moneda que había colapsado en 1999.
Frente a ese escenario, resolvimos redactar un nuevo cuerpo legal de apoyo a la dolarización, el que inicialmente se denominó ‘Ley de Competitividad Financiera’ y cuyo principal objetivo se resumía en uno de sus primeros artículos: “El Estado Ecuatoriano promoverá la participación de entidades financieras internacionales de primer nivel, en iguales condiciones de la banca nacional, con el propósito de ampliar la oferta de crédito y la participación de mayores actores en el mercado financiero, para que con mayor competencia y oferta bajen las tasas de interés y costo del dinero en general, en beneficio del sector productivo ecuatoriano.”
Después de varias visitas al Congreso Nacional de entonces, logramos que la Ley sea aprobada en la primera semana de julio del 2007 y que, eventualmente, se mantenga vigente hasta el 31 de diciembre del 2008.
En ese corto periodo, la aplicación de la Ley
generó los siguientes resultados concretos: las tasas de interés bajaron en promedio un 15% anual; el total de préstamos y depósitos crecieron un 25% y un 20% respectivamente; ese exceso en la demanda de crédito fue cubierto por la banca privada internacional; la quiebra del ‘Banco Centro Mundo’ fue resuelta sin utilizar un solo dólar de los depositantes, ni de los clientes ni del Estado; y, se logró formalizar a 120.000 nuevos microempresarios.
Pero a pesar del visible éxito que desde un inicio tuvo esa Ley, el ex Presidente Correa decidió entablarnos un Juicio Político, aduciendo que el borrador de esa Ley no había recibido la anuencia previa de él, como Jefe de Estado. No obstante, en el juicio logramos demostrar que la Ley respetaba la Constitución, que dinamizaba el mercado y que, además, consolidaba el proceso de Dolarización vigente. Así, el Congreso Nacional nos declaró absueltos.
Aunque un año después, en Montecristi, Correa logró que la Ley sea sustituida por el Código Monetario que rige hasta el día de hoy.
Desde entonces, las Tasas de Interés no han logrado bajar ni un uno por ciento anual; la liquidez bancaria ha pasado a depender de la deuda pública; y, el total de los depósitos amenaza con no poder cubrir el total de préstamos. En definitiva: una década de parálisis financiera en un país dolarizado.
