En el 2011 se emite la partida de nacimiento a los Contratos de Inversión. Estos, en resumidas cuentas, conceden escudos fiscales a cambio de sendas inversiones en máquinas, infraestructura y similares para el país, que van de la mano con mayor generación de mano de obra.
Cada gobierno y cada ministro del ramo desde ese entonces ha recurrido a estos y a la cuantía de lo suscrito como una señal irrefutable de que tal o cual administración ha sido efectiva en atraer nuevas inversiones para el país. El 1 de agosto del 2015 se decía que en lo que iba del año se habían generado $1.949 millones. En junio de 2019 se mencionaba por su parte que desde diciembre 2017 se habían concretado $1.405 millones en contratos de inversión. Posteriormente, hace un año, se mencionaba que en 18 meses de gobierno se habían firmado $7.235 millones en estos documentos. Es decir, sumando solo estos valores, se tendrían al menos $10.500 millones en contratos de inversión entre el 2015 y el 2022.
Intuitivamente, estos valores deberían verse reflejados en el acervo de capital físico de la economía, en un aumento de este a lo largo del tiempo. Las cuentas nacionales nos permiten medir esta variable a través de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) y lo procedente aquí es ver que indican los números.
Las cifras reflejan que la FBKF para los años 2014, 2019 y 2022 eran de $27,7, $26,9 y $24,5 miles de millones, respectivamente. Ahora, si vemos estos valores como porcentaje del PIB, la tendencia no difiere. La FBKF inicia en el 2014 con un 27,2% del PIB, desciende en el 2019 al 24,9% y logra su valor más bajo en el 2022 con un 21,3%. Esto indica claramente que la inversión en capital físico, lejos de crecer, ha decrecido desde el 2014 hasta el 2022, aun a pesar del vendaval de contratos de inversión.
Los contratos de inversión aparentemente no han generado lo que se esperaba, sin embargo, el Estado ha recaudado seguramente menos impuestos de cada uno de los beneficiarios de estos contratos. Esto es algo que debe ser revisado.