Es hora de dejar el show del enjuiciamiento político que busca impunidad para los condenados por la justicia. Los sectores sociales tienen que diseñar un plan de Estado de largo plazo. La crisis actual en seguridad y desarrollo, es fruto del mal manejo económico, político y sin ética, de los últimos quince años. En 2008, Francisco Huerta ya alertó que el Ecuador estaba convirtiéndose en una narcodemocracia.
El plan de Estado concertado debe considerar: 1) Producción agrícola para exportación; infraestructura de riego interconectada, 2) Reactivación turística y productiva; plan vial, incluida, autopista Quito-Guayaquil. 3) Rehabilitación del Instituto Izquieta Pérez, para producir medicinas. 4) Infraestructura hidroeléctrica, solar, etc. 5) Revisión de la concesión de telefonía celular a partir del 2025. 6) Moratoria a la expansión minera y petrolera. 7) Las universidades deben generar propuestas y productos de biotecnología, robótica, software, etc. 8) El Gobierno, Asamblea, GADs, y las instituciones deben disminuir personal del nivel jerárquico superior y aumentar técnicos de carrera. 9) Las sentencias ejecutoriadas de los condenados por corrupción en los tres últimos gobiernos deben cumplirse.
La retórica populista de refundar el país en cada elección es una falacia. Los líderes del 25%, buscan ansiosamente el Poder para liberar a sus caudillos de las sentencias por corrupción y eternizarse en el mando. Por eso, en la Constitución de 2008 ya no pusieron que el gobierno de Ecuador es alternativo. Los expresidentes ya tuvieron su oportunidad de gobernar. Hicieron pocas cosas buenas. Hubo obras con sobreprecios, mal hechas. endeudaron al país y ahora estamos pagando eso. Tomaron arbitrariamente el dinero de los afiliados del IESS, de la reserva monetaria etc. La comunicación la transformaron en propaganda política. Entregaron a las transnacionales: la telefonía celular, los mejores campos petroleros, puertos, etc. Una concertación transparente es la tercera vía.