La estrategia es clara, la prioridad del correísmo es desmontar la institucionalidad resultante del trabajo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de transición. Decidieron empezar por la Corte Constitucional, su mejor oportunidad -deben creer- porque hay muchas personas descontentas con la decisión que tomaron sobre el matrimonio igualitario. El show de hace unos días, con pastores en el pleno del Cpccs tomándose el nombre del pueblo y la comparecencia de tres constitucionalistas (así fueron presentados en el orden del día), para dar apariencia de legalidad y legitimidad a una operación política en la que el derecho poco importa y que se venía preparando hace un tiempo.
En caso de superar lo que consideran un primer escollo, buscarán nombrar al Contralor. Mirando la actuación de Tuárez y compañía, replicarán los concursos del 100/100 que sirvieron para que el Cpccs ayude al correísmo a controlar toda la institucionalidad. La clase de concursos en que Pólit, Chiriboga y Baca ganaron y que facilitaron a la tesorera del “Arroz Verde”, asesora personal de Correa, llegue a vicepresidenta de la Corte Constitucional.
El siguiente paso es quitar del medio a la Fiscal. Una operación que -junto a la del Contralor- parece ser clave para el correísmo. Está claro que Diana Salazar cada vez está más cerca de identificar a los responsables, del más alto nivel, en el esquema de corrupción montado en el gobierno de las “manos limpias” y con ello las nuevas acusaciones penales no demorarán.
Pero la mayoría de Tuaréz, a menos de forma constitucional y legal, parece no podrá cumplir con la revisión del nombramiento de la Corte Constitucional y con ello caerá toda su estrategia.
Es claro que no tienen competencia para hacerlo, es obvio -y no tenía que decirlo la Corte- que el Cpccs debe actuar de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la ley que regula su funcionamiento, en ninguna de esas normas existe la posibilidad de revisar lo actuado por el Cpccs-t.
En cuanto a la supuesta nulidad esencial del proceso, cuyo argumento central es que varios miembros de la comisión que eligió a la Corte Constitucional no presentaron sus declaraciones de bienes, hay que recordar que este requisito es para los servidores públicos. Los miembros de esa comisión no actuaron en esa calidad, tan es así que varios de sus integrantes siguieron ejerciendo su profesión, algo que no lo hubiesen podido hacer de tener la calidad de servidores.
Respecto a la alegación de que el Cpccs-t excedió su tiempo de funcionamiento y que esta sería la otra causal para considerar que lo actuado en ese período es anulable. La discusión es de carácter constitucional y por tanto a quien le corresponde resolver el tema es a la Corte Constitucional.
Tuaréz y compañía, al parecer iniciaron un camino sin retorno que les podría llevar a su destitución o a la cárcel. Solo es cuestión de tiempo.