Ernesto Albán Gómez

La mala memoria

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Martes 06 de octubre 2020

Una reciente decisión de la Corte Constitucional ha provocado reacciones muy críticas en algunos sectores empresariales. Se trata de un dictamen que aborda dos cuestiones de especial importancia: el derecho de la ciudadanía a ser consultada en asuntos que afectan a su bienestar, a sus condiciones de vida; y las limitaciones a las que debe someterse la explotación minera.

Son temas complejos por supuesto.
En la primera cuestión, aunque el principio es incuestionable (consultar al pueblo es una práctica habitual en países de sólida democracia, como Suiza), deben precisarse los casos y las condiciones para la consulta, así como sus efectos (y el Ecuador no es Suiza, naturalmente).

En la segunda, porque entran en eventual conflicto la protección del ambiente y la salud con el interés del país en alentar la inversión en un área potencialmente atractiva.

Hay que insistir una vez más en que los temas que se debaten en una Corte Constitucional son de difícil resolución por su naturaleza; en los que no se descubre, a primera vista, una verdad absoluta.

Por eso las votaciones en la Corte son generalmente divididas; y no es que unos jueces sean sabios o iluminados y otros perversos.

Por la misma razón sus decisiones son celebradas por un sector de la opinión pública, de la academia y del foro; y rechazadas por el otro.

Es casi imposible que alguna decisión reciba la aprobación universal.

En un país democrático, una Corte Constitucional debe ser el espacio en el que confluyen las diversas corrientes del pensamiento jurídico.
Diría algo más: las diversas tendencias ideológicas. Del debate de las distintas posiciones deben surgir las resoluciones más adecuadas para una sociedad, que son, normalmente, las que equilibran las tendencias.

Nada más negativo que una Corte alineada en una trinchera ordenada por el sátrapa de turno, por un partido político o por algún poder fáctico de los que tanto se habla.

La independencia de la Corte frente a toda influencia externa es la principal garantía del acierto de sus decisiones.

Recordemos que, además de resolver casos puntuales, muchos de ellos de gran importancia, la Corte Constitucional es la máxima instancia de interpretación constitucional. Tarea especialmente significativa si tomamos en cuenta la desastrosa Constitución que rige en el Ecuador, desmesurada, llena de ambigüedades, contradicciones y no pocas trampas. Mientras esa Constitución no sea sustituida o, al menos, reformada sustancialmente, hay un arduo trabajo para la Corte.

Es absolutamente legitimo discrepar razonadamente de las decisiones de la Corte. Es muy peligroso desprestigiarla, por alguna inconformidad puntual. Cuidado con perder la memoria y olvidar lo que ocurrió en un pasado bastante cercano.