En las aguas correntosas de un cambio de gobierno hay aspectos que deben tener continuidad, a manera de políticas de Estado. Invariables.
La línea de conducta que va por el camino correcto en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y la apertura de los multilaterales parece un acierto.
El país, en su nombre el Gobierno y el ministro de Finanzas saliente Richard Martínez, supieron sortear el temporal y plantear ideas claras para cambiar el estado de cosas y la debacle imperante.
Antes reinaron los empréstitos bilaterales a tasas de interés altas, a plazos muy cortos y con compromisos difíciles de eludir. Para el Fondo y los organismos, denuestos malas caras y relaciones rotas.
Para los contratos llave en mano, apertura de brazos a obras mal hechas sin fiscalización y precios gigantescos, cuyas secuelas pagaremos todos los ecuatorianos.
Las conversaciones con el FMI y los multilaterales se reanudaron en 2019 y en poco tiempo el planteamiento fue entendido por el FMI. Sus requerimientos llegaron a la Asamblea pero, ya se sabe, no hubo votos.
La reformulación del acuerdo se propuso pero la pandemia cambió el mapa. Los organismos multilaterales tomaron conciencia de la apretada situación de nuestro país, uno de los más golpeados por el virus.
Llegaron esfuerzos para replantear el esquema a los tenedores de bonos, se acordó una quita significativa, el compromiso del Ecuador fue creíble no caímos en default.
Las noticias coronadas recién son un alivio. Nuevos créditos, pagar sueldos atrasados y deudas con los proveedores rebajan un déficit que estaba ahogando al país.
Viene un cambio en el Ministerio de Finanzas tras una buena labor de Richard Martínez no exenta de críticas, sobre todo por los retrasos involuntarios. El sucesor tiene la película clara. Es técnico probado.
Pero la tarea que se le viene no deja de ser dura. Hay que insistir con reformas en medio de una atmósfera pesada por las elecciones, en el primer tramo del año.
Si no se logra apretar el cinturón en el gasto público -quizá uno de los puntos más débiles de la acción del actual Gobierno- tendrán que proponerse ajustes como los del IVA. Se debió dejar vigente aquel que el anterior gobierno subió por el terremoto.
La austeridad debe ser norma. No derrochar como en el pasado, lo que hizo añicos el orden de las finanzas y dio pie a la corrupción. La abundancia de recursos mal usados: la lección que no se debe repetir.
Ya se ha insistido que al próximo gobierno hay que pedirle proteger la dolarización para sostener la capacidad adquisitiva, en especial de los más pobres.
Hay que aprobar una ley anticorrupción, la demorada ley de extinción de dominio, simplificar la arquitectura estrafalaria inventada en Montecristi y abrir la economía al capital para que vengan inversiones y crear pronto miles de plazas de empleo.
Una reforma debe simplificar el caos de partidos sin ideologías y las mafias enquistadas en el abuso del poder. Urgen cambios.