La solución a la inseguridad no es solo cuantitativa sino cualitativa, que reviste varias aristas en acciones y tiempos. La salida de la base de Manta (avalada por la Constitución), atentados al radar de Montecristi, corrupción, desempleo, etc, han contribuido a que la inseguridad se vuelva un campo minado, que rebasa no solo las cárceles ya tomadas, sino ahora ferozmente las calles e instituciones; sumado a una delincuencia que hace gala de burlar la justicia; a una sociedad sitiada; a un débil carácter estatal; y a los mal aplicados derechos humanos DH.
La tesis del celo de los DH a/f de los antisociales, funcionaría en el pizarrón, pero no en la práctica, ya que expone los DH del ciudadano de bien; por tanto, el tema no es los DH como tales, sino el enfoque en su aplicación. Bukele ha tomado con valentía el toro por los cuernos, poniendo en su justa medida a los DH, obteniendo positivos resultados que vale tomar en cuenta (julio y agosto habrían sido los meses más seguros en los últimos años); lo propio Singapur, gran país asiático, uno de los más seguros del mundo; casos en los cuales la sólida firmeza y determinación habría funcionado.
Los defensores de los DH de los maleantes deberían entender con profundidad las intenciones de cada cual, así la del delincuente flagrante es delinquir; del policía proteger y, del ciudadano defenderse; consecuentemente, no se los puede aplicar en la misma balanza frente al mismo hecho. Los DH de las víctimas y del policía deben tener justa prelación, sin que esto signifique dejar en indefensión al delincuente. El mal menor es la firmeza y no la condescendencia. Dado que, el art 393 (constitución) contempla que el Estado garantizará la seguridad y la prevención de delitos; y siendo un deber del presidente hacer cumplir la constitución (art. 147), sin perjuicio de otras medidas, ante la gravedad de la situación, vale consultar al pueblo ¿qué opina si ante delito flagrante, pueda razonablemente defenderse, sin verse expuesto judicialmente?