Alerta roja en seguros de salud
El grave daño causado en la era correísta pasa otra factura al sector de los seguros de salud prepagada, en medio de la indiferencia de autoridades del gobierno y de la Asamblea, lo que puede poner en riesgo la atención de un millón de personas que están vinculadas a este sistema e impactaría luego al Estado, a donde recurrirían. Los documentos oficiales y los hechos ocurridos en el trámite en la Legislatura corroboran las irregularidades en el proceso de aprobación del proyecto de Ley que regula a las compañías que financien servicios de atención de salud prepagada y de seguros que oferten cobertura de asistencia médica, que no debieran ser aclarados con declaraciones simples. Hay dos informes claros de la Superintendencia de Compañías y del Ministerio de Salud Pública.
La ley se sustenta en datos irreales e incompletos, que fueron precisados por la Superintendencia de Compañías y el Ministerio de Salud, aunque no se tomaron en cuenta. El informe técnico de la Gerencia para la Eficiencia de la Red Pública Integral de esta Cartera de Estado concluye, pág. 7, que disponer de información correcta garantiza una adecuada toma de decisiones y que la información que adjunta refleja la real situación económica y de utilidades de 27 empresas de medicina prepagada, en contradicción con los datos presentados por la Dirección Actuarial del IESS, que fueron notariados y conllevan una grave responsabilidad de sus autores. Igual eliminaron arbitrariamente del asiento contable de los estados financieros la deuda del Estado en salud (USD 2 527 millones) pero la Contraloría les obligó a restituirla, tras procesar las destituciones de sus directivos.
La Superintendencia, oficio 128, envió la información pedida por el presidente de la Comisión de Salud en la que detalla los datos reales, que contrastan con las cifras manejadas en el trámite del proyecto. Lo grave es que el pedido de datos fue formulado a la Superintendencia de Compañías el 30 de septiembre del 2016, cuando la ley fue aprobada y concluido el segundo debate el 11 de agosto de ese año.
La situación es grave y merece la atención urgente del Presidente, que debe exigir todos los documentos oficiales para comparar y analizar la realidad, sin engaños, datos parciales ni versiones interesadas, que tiene en alerta roja al sistema de medicina prepagada. No se trata de que no existan controles estrictos y rigurosos a estas empresas, en defensa de los usuarios. Eso es fundamental, pero otra cosa es que con esta ley se ponga en riesgo la atención de un millón de personas, cuando intentan sacar exagerados recursos que no reflejan la realidad de los mismos datos oficiales. La ley está vigente y hoy les comienzan a exigir el pago por atención en la red pública de salud, que va a llevar a su quiebra si no se toman correctivos urgentes.
