La Sociedad Interamericana de Prensa sonó la alarma al denunciar que el 2011 ya es el año más trágico de las últimas dos décadas para la prensa latinoamericana, responsabilizando por esta tragedia la inacción de los gobiernos de la región. En estos primeros 7 meses, 19 periodistas fueron asesinados en América Latina. Preocupa que esos casos no estén focalizados solo en México, sino extendidos por Honduras, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela, lo cual implica que el narcotráfico, fuente principal de la violencia, está expandiendo sus tentáculos por toda la región.
La reportera mexicana Yolanda Ordaz es la última víctima. La degollaron en Veracruz, 2 días después de ser secuestrada mientras reportaba asuntos policiales en el periódico Notiver. Las autoridades destacaron que tenía complicidades con el cártel de los temibles Zetas; y anunciaron que investigarían a todos los reporteros que cubren la fuente policial. Es posible que haya vinculaciones. El periodismo no está exento de corrupción, aunque la víctima era humilde y no ostentaba las comodidades derivadas de nexos con narcos. Una vez más, podríamos estar ante el patrón de victimizar a las víctimas, para justificar su incompetencia.
Las excusas y la inacción gubernamental para detener la violencia y su impunidad generan autocensura y espantan al periodismo. Notiver anunció que 5 de sus cronistas abandonaron el periódico y la ciudad por falta de garantías. El desbande es justificado. Semanas antes de Yolanda, otro de sus periodistas fue ejecutado.
Los medios de comunicación no ayudan mucho. A la falta de incentivos para la profesión, así sean salarios decentes, seguros médicos, de vida, jubilación y protocolos de seguridad, se le agrega la casi inexistente unidad y solidaridad gremial para neutralizar la violencia y la autocensura. Muchos periodistas mexicanos hace rato que emigraron de profesión o viven del otro lado de la frontera. No obstante, no se puede caer en el absurdo y culpar a los medios de las obligaciones que sí tienen los Estados para proteger a los periodistas, ya sea investigando, reformando leyes para hacerlas más rigurosas contra los delincuentes o custodiando las redacciones.
El gobierno de Obama ya creó esa herramienta, pero nunca la aplicó. Se trata de la Ley de Libertad de Prensa Daniel Pearl, en homenaje al periodista del Wall Street Journal asesinado en Pakistán, la cual permite condicionar la ayuda financiera a aquellos gobiernos que no protejan la libertad de prensa y de expresión. Si los gobiernos de México y América Central sintieran que peligra su ayuda financiera para combatir la delincuencia seguramente se sentirían más motivados para prevenir ataques violentos contra periodistas, evitando que se repita este trágico 2011.