Acontecimientos evidentes identifican a la revolución ciudadana con actos de corrupción y de vinculación con mafias inmersas en el crimen organizado y en el tráfico de substancias prohibidas. Muchos de sus partidarios han sido sentenciados y han guardado prisión, otros se encuentran prófugos. Sus líderes sancionados han convencido, a sus ciegos y obcecados seguidores, que son inocentes y que “los corruptos siempre fueron ellos”, sin determinar quienes son “ellos”, pero con el afán de tejer, con esta y otras expresiones, una cortina inexpugnable que cubra su innegable responsabilidad en actos dolosos. Este afán de disfrazar la ominosa historia, uniforma la conducta torcida de legisladores y funcionarios, inmersos en esa línea política, que viven enfocados en el objetivo fundamental de alcanzar la impunidad, el perdón y el olvido de todos los delitos cometidos por sus compañeros sancionados. Estas razones justifican la oposición de ese bloque legislativo a la aprobación de las leyes económicas propuestas por el ejecutivo, como indispensables, para alejar al país del precipicio económico que lo amenaza, como nunca antes, pues es la primera vez que un gobierno carecede fondos necesarios para pagar sueldos a la burocracia. Lo inaceptable es que otro partido político, también mayoritario, se sume a esta negativa, para honrar una oferta protocolizada, en circunstancias totalmente diferentes a las actuales, sin analizar el apremio que el momento actual imprime a la necesidad de dinero para mantener la lucha contra el crimen organizado y cubrir el déficit y los endeudamientos heredados de anteriores administraciones, que vaciaron las arcas nacionales en una suma superior a los diez mil millones de dólares. Si no nos cobijamos todos con el tricolor nacional y no estamos dispuestos a sacrificarnos por nuestro país, la tragedia será la fuerza que nos empuje al precipicio de la desdolarización, a la quiebra del seguro social, a la carencia de armas e insumos para el combate a la inseguridad, al incremento de la desnutrición, y al incumplimiento de obligaciones que redundaría en el cierre de inversiones y aportaciones internacionales.
La gestión favorable del presidente Noboa, requiere de un respaldo total, sin banderías políticas. El primer mandatario debe impulsar el cobro de los grandes montos adeudados al SRI por corporaciones y entidades deudoras, solicitar la participación de los bancos y de las empresas que han obtenido altas utilidades; la Asamblea debe aprobar el incremento del IVA, una adecuada focalización del subsidio a los combustibles, permitir el diferimiento del cierre del ITT. Es indispensable acortar el tamaño del Estado, atacar la corrupción en las entidades estales y cumplir con la utilización correcta del dinero recaudado, a diferencia del hurto efectuado, a las altas sumas recibidas para mitigar la destrucción ocasionada por el terremoto del 2016. Son indispensables la aplicación expedita de la ley de extinción del dominio y todo el esfuerzo que se realice para recuperarlos capitales substraídos por la turba de funcionarios que se enriquecieron dolosamente. Este es uno de los momentos más críticos en la vida del Ecuador, nuestra patria, nuestro hogar, hogar de nuestros hijos, lo rescatemos del abismo fiscal, del crimen y de la corrupción, con decisión, responsabilidad y valentía.