Miguel Rivadeneira

Cambio judicial hacia dónde

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Lunes 29 de agosto 2011
29 de August de 2011 00:02

Una es la aspiración positiva, las buenas intenciones y el optimismo para cambiar la administración de justicia, tan criticada y reclamada por los ciudadanos, y otra los hechos que registra la historia republicana. Según investigadores jurídicos, desde su origen en 1830 hasta la actualidad la Función Judicial ha vivido procesos de inestabilidad, debido a la injerencia político partidista y de los grupos de poder, que pusieron y sacaron jueces a su antojo. Lo que cambiaron fueron los actores del poder que en nombre de sus postulados se impusieron y manipularon la justicia. Esta situación llevó a solicitar ayuda internacional (ONU) como ocurriera en el 2005 tras la malhadada intervención del Gobierno de entonces. Como secuela de eso hoy el Estado es observado por la Comisión Interamericana de DD.HH.

Uno de los principios democráticos reclamados ha sido el respeto a la independencia de las funciones del Estado, sin lo cual no hay plena democracia, el decir basta a la metida de mano de los administradores de turno, la probidad de los magistrados, un sistema de elección transparente que garantice el Estado de Derecho. Hoy, el desafío es mejorar la administración de justicia y no cambiar de nombres para utilizarla en contra de quienes se les califica opositores y solo renuncian cuando son descubiertos por las relaciones con el poder. Cómo se garantiza independencia en la reorganización y designación de jueces y luego la aplicación de un sistema ágil e imparcial de justicia cuando se han generado temores en los jueces, incluso antes de la consulta popular (hay cartas), no en todos por cierto porque sí hay respetables operadores de justicia.

Otros, al igual que en el pasado, han sido vulnerables y han hecho “méritos” para que les tomen en cuenta con fallos favorables al poder, de rechazo de acciones de protección planteadas contra el régimen, que han facilitado actos inconstitucionales o cuando un juez inferior destituye al presidente de la Judicatura y con desconocimiento de la Constitución, art. 145, habló de la posibilidad de destituir hasta al Presidente de la República. Jueces que tienen procesados a más de un centenar de dirigentes indígenas con acusaciones de terrorismo, en una demostración de la criminalización de la protesta, que el Defensor del Pueblo ha cuestionado.

¿Qué va a pasar con estos y otros jueces que tienen un largo historial de sanciones y prescripciones de causas disciplinarias y se acomodan e identifican con la administración de turno? Incluso quienes han sido responsables del retardo de la justicia, que determinó que un francés permanezca detenido y luego la Corte Interamericana sancione al Estado al pago de 393 mil euros (más de 500 mil dólares). Los jueces probos tienen la palabra y el tiempo lo dirá con los fallos de por medio…