La democracia es y debería ser un concepto abierto y en movimiento. Antes que un término fijo, debería ser motivo de cambios y redefiniciones.
La ciencia política tradicional es heredera de conceptos que fueron acuñados por filósofos y teóricos de la política, que se retoman incluso a la antigua Grecia. Por esta misma razón, la disciplina debería estar comprometida con la reconceptualización y la definición más precisa de términos. Uno de ellos es el de democracia. Mucho más cuando, después de transcurridos más de 30 años de “retorno a la democracia”, el Ecuador y América Latina han atravesado por ciclos discontinuos de consolidación, transiciones fallidas y reinstauraciones autoritarias.
La existencia en la región de un mínimo de institucionalidad, de elecciones, partidos políticos y estabilidad no implica necesariamente que la democracia haya mejorado. Si ha existido algún avance, ha sido más por cumplir con formalidades básicas.
Se cumple de manera parcial con los requisitos mínimos de una democracia procedimental. Robert Dahl define a este tipo de democracia como los procedimientos y derechos que permiten al ciudadano elegir gobernantes, influir en sus decisiones y exigirles responsabilidad en sus acciones de gobierno. En esencia, estos requisitos mínimos se resumen en: primero, los gobiernos deben estar en manos de funcionarios electos; segundo, las elecciones deben realizarse de manera libre, imparcial y frecuente; tercero, debe garantizarse la libertad de expresión; cuarto, debe existir libertad de reunión y asociación, con autonomía de los regímenes de turno; quinto, la ciudadanía debe ser inclusiva (sufragio universal), sin que existan limitaciones discriminatorias a la participación electoral y política.
Una parte muy importante de la discusión actual acerca de la naturaleza y profundización de la democracia en las sociedades contemporáneas, remite directamente al problema de sus escalas, de los marcos espaciales de los procesos de toma de decisiones y de la implicación ciudadana.
La plena realización de estos aspectos nos pone frente a un desafío: mejorar la calidad de la democracia. Lo cual no es un fenómeno de suma cero sino más bien una escala que parte de cumplimiento de unas condiciones mínimas a otras más avanzadas. Es, en esencia, mejorar el funcionamiento de los procesos mediante los cuales la ciudadanía seleccione y controle a sus gobernantes.
Es importante tomar conciencia que el modelo de democracia que requiere el país es que se asocia al poder legítimo, derivado de la voluntad del pueblo, pero que al mismo tiempo es limitado por el Derecho y la Constitución, sujeto a la rendición de cuentas y al examen de las responsabilidades públicas.