Cuando uno recorre gran parte de las carreteras del país confirma el notable avance, mejoramiento y el estado óptimo que se encuentran. Esmeraldas, Manabí, Guayas. La ruta del sol. Casi todo el perfil costanero está bien atendido. Igual sucede con las vías de la Región Amazónica y parte de la Sierra. Esta acción positiva se opaca con la situación deplorable de provincias del centro del país y de Pichincha, que no pueden ni siquiera mantener en buen estado, en conjunto la Prefectura y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, algunas vías alternas (el caso hacia El Quinche).
La loable obra vial contrasta con los altos niveles de inseguridad ciudadana y de preocupación familiar permanente que se vive en esas provincias, unas más que otras. Esmeraldas, Guayas, Pichincha (Quito) y fundamentalmente Manabí, en donde al parecer se está perdiendo la batalla contra la delincuencia. Asesinatos y asaltos a diario enlutan a los hogares, que están aterrorizados.
Lo grave de esto es que daría la impresión que existen casos en donde la administración de justicia se ha puesto de lado de los presuntos delincuentes, incluso aquellos encontrados en delito flagrante (en posesión de droga o en franco procesamiento) y que han recibido fallos favorables.
Es muy duro y exagerado hablar de un “narcoestado”, pero resulta evidente que existen instancias institucionales que han sido perforadas, que tampoco es nuevo. Basta recordar lo que el informe de la Comisión de Transparencia del caso Angostura, que presidiera Francisco Huerta, y que en sus conclusiones ya advirtiera, hace dos años, que el Ecuador dejó de ser un país solo de tránsito para empezar a ser un lugar de procesamiento y que “las Farc y el narcotráfico han logrado penetrar varias instancias de los organismos políticos, judiciales, culturales y sociales conforme se evidencia en el cuerpo del informe”. Igualmente, el alto comisionado de la ONU, Philip Alston, ya advirtió en su informe que en el país existirían más de 700 bandas organizadas.
Por todo este resultado lamentable es una pena que no se acierte en los planes, basados en una política de estado, y se siga con palos de ciego, incluso involucrando cada vez más a las FF.AA., que no han sido entrenadas ni preparadas para enfrentar estas misiones. Tampoco puede estancarse en las estadísticas que se revelan periódicamente para tratar de enseñar que bajaron los índices mientras las familias siguen atemorizadas cuando salen a las calles. Cómo puede ocurrirse sacar a exhibir tanques o tanquetas o que los militares sigan acompañando a las batidas en las principales ciudades, junto con las unidades de élite de la Policía, como si la gran delincuencia saliera a las calles con documentos que les identifique como tales. Eso se desbarata con acciones de Inteligencia.