Tras varios días de caminata desde el sur del país llegó a Quito la denominada marcha por el agua. No trajo a multitudes, pero planteó varios temas para la reflexión.
Los observadores cifran en alrededor de 3 000 las personas que se juntaron en el parque El Arbolito, un símbolo de históricas jornadas de protesta social en la capital en años pasados. La convocatoria fue definitivamente menor a la que la dirigencia lograba en años anteriores.
Los convocantes fueron organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, el Frente Popular y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador.
El poder político hizo caso omiso al hecho y el Presidente minimizó su impacto social y su capacidad de convocatoria.
En torno a la Ley de Recursos Hídricos, los marchantes sostienen que se trata de una norma privatizadora (el artículo 7 delega esa facultad por excepción). El agua es un bien estratégico que ha sido fuente de poder y pugnas por su manejo.
A las demandas por el control del agua, tras la aprobación legislativa de una ley largamente debatida, los manifestantes sumaron otros temas.
En efecto, las organizaciones sociales, que se declararon en sesión permanente, incluyeron en sus reclamos la reducción de la atención médica en el Seguro Campesino, de 700 a 165 dispensarios con un solo galeno; la agrupación de las escuelas rurales en grandes unidades, y la necesidad de pasar las reformas constitucionales que Alianza País busca, solo mediante una consulta popular.