Históricamente, la minería ha representado entre el 13% y el 19% de la inversión extranjera directa entrante en América Latina. El sector tiene un gran potencial de desarrollo, pero al mismo tiempo puede estar acompañado por un alto riesgo de degradación ambiental e impactos adversos en las comunidades locales. Principalmente por la minería ilegal. Tema similar al de la deforestación en avance permanente. El ESG mencionado antes, es una de las principales preocupaciones y prioridades de las empresas mineras internacionales y las partes interesadas respetuosas de entorno.
Los estándares ambientales no solo son cruciales para proteger el medio ambiente, sino también para ganar y mantener el apoyo de las comunidades locales. Si bien los países latinoamericanos han establecido marcos para la regulación y el otorgamiento de licencias ambientales, todavía hay espacio para mejorar en términos de normas de aplicación y cumplimiento, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo. BID.
Antes de comenzar nuevos proyectos, se deben establecer líneas de base para indicadores ambientales clave, como la calidad del agua subterránea, y luego monitorearlos continuamente durante las operaciones. Se debe dar la máxima prioridad a la gestión exhaustiva de riesgos y relaves, la preparación para la respuesta y la auditoría. Debe haber transparencia sobre el uso del agua y sobre las características de las aguas residuales y otras emisiones. Los gobiernos deben proporcionar regímenes regulatorios sólidos con suficiente personal de permisos y cumplimiento, así como información pública confiable y planes de respuesta a emergencias que estén bien estructurados y se ajusten a la escala del proyecto y riesgo.
En América Latina, los proyectos mineros pueden enfrentar una oposición particularmente fuerte por parte de las comunidades locales. Según una base de datos mundial sobre conflictos mineros, el 45% de los conflictos informados se encuentran en América Latina, donde las actividades a menudo se ubican cerca de ecosistemas sensibles y biodiversos. Estos elementos, junto con el uso intensivo de la tierra y los recursos hídricos, y el despliegue de maquinaria pesada traída por las actividades mineras, aumentan la probabilidad de conflictos y crean desafíos para que las empresas obtengan una “licencia social para operar”.
Varios países de la región han establecido una división exclusiva sobre minerales críticos en el mundo por si importancia hacía el desarrollo industrial y transición energética. El Ecuador debería lanzar una iniciativa como la Ruta del Cobre de Colombia, para expandir la industria nacional del mineral. Para ello debe realizar amplia investigación geología con apoyo internacional. Sin embargo, más información por sí sola no será suficiente para desencadenar la inversión necesaria para explotar completamente estos recursos.
Los gobiernos deben establecer marcos para atraer mayores inversiones en actividades de minería y procesamiento, crear incentivos y establecer regulaciones claras, al tiempo que garantizan el cumplimiento de los estándares ESG. El diálogo con las partes interesadas, los inversores, así como un aumento de la cooperación internacional serán cruciales tanto para el diseño como para la implementación de estos marcos creando oportunidades de empleo, desarrollo social y económico. Especialmente en las zonas más retrasadas del país..