No es un contrasentido plantear esta idea-que no es nueva- para mejorar la gestión del Estado, con miras a lograr eficiencia y transparencia en la toma de decisiones y ofrecer servicios públicos de alta calidad.
No existe una definición precisa sobre el algoritmo, vocablo que se deriva del latín algorithmus, acuñado en el siglo XV, a partir del latín algorismus y del griego arithmos, que significa “número”. En términos sencillos, el algoritmo es una secuencia de pasos lógicos que permiten solucionar un problema. Las guías y manuales con instrucciones para usar aparatos contienen algoritmos; es decir, sistemas que incluyen reglas precisas, ordenadas y finitas que solucionan un problema abstracto, realizar un cómputo, procesar datos y llevar a cabo acciones o tareas previsibles, desde un estado inicial hasta un estado final. La algoritmia es la ciencia que estudia los algoritmos, cuya metodología se inscribe en la aplicación de modelos matemáticos.
Si un algoritmo ayuda a resolver un problema de forma sistemática e inequívoca, por lógica, en el campo de las ciencias políticas, económicas y sociales, podría constituirse en una herramienta eficaz para diseñar y aplicar políticas públicas. Empero, hay que reconocer que los problemas de la sociedad son complejos, interdisciplinares y transdisciplinares, en la línea del pensamiento de Édgar Morin.Por eso, no se trata de resolver esos problemas con modelos matemáticos per se,sino tener al alcance bases de datos confiables, que ayuden a los líderes a tomar decisiones inteligentes y oportunas, afirmadas en las leyes, el bien común y no en sus intereses particulares.
Algunos lectores podrían considerar un despropósito la utilización de algoritmos en la planificación, gestión y rendición de cuentas de las políticas públicas y los programas estatales, pero no es menos cierto que la inteligencia artificial, por ejemplo, daría sustento científico para resolver los problemas nacionales más urgentes: la seguridad, la crisis fiscal, los subsidios, la justicia, las cárceles, la salud, la educación, el trabajo, el ambiente y otros.
De hecho, en ciertos sectores ya se utiliza este recurso tecnológico, pero se necesitaría una ley regulatoria sobre esta materia, que proteja la privacidad de los datos, respete los derechos humanos y blinde a las personas e instituciones, sobre la base de un nuevo concepto: la soberanía tecnológica.