Columnista invitado
Que abortar sea delito genera persecución, atropellos, complicaciones de salud y en algunos casos hasta la muerte. De ninguna forma alienta cierta moralidad, justicia o buenas costumbres. Tampoco garantiza la vida del no nacido. Esta realidad no cambia aunque pro y antiabortistas discutan hasta el cansancio.
En los países más desarrollados, más educados y menos violentos, el aborto es legal no solo en casos de violación, malformación del feto o peligro de muerte de la mujer, sino también por la decisión libre y voluntaria de la involucrada. Con esa política, no se han producido, como pronosticaban grupos Provida, un baño de sangre, barbarie ni ningún hecho social destructivo. Permitir el aborto es una realidad global que viene ganando terreno desde la década de los años 50 y que en la actualidad está visada hasta por la ONU.
Todo parece indicar que Ecuador entrará pronto en el grupo de países que lo autoriza, aunque de forma limitada. Lejos de representar esto un retroceso, será un avance en materia de gestión pública.
La OMS indica que “sean cuales sean las circunstancias legales”, la gran mayoría de mujeres que enfrentan un embarazo no deseado, recurren al aborto. No obstante, los movimientos Provida insisten en la idea de mantener la penalización.
Unas 23.000 mujeres mueren cada año en el mundo por someterse a abortos inseguros y otras miles enfrentan graves consecuencias en su salud. En algunos países donde el aborto sigue siendo ilegal, entre esos Ecuador, muchas mujeres cumplen incluso penas de cárcel. Casi 60 por ciento de las mujeres en edad reproductiva viven en países donde se permite el acceso al aborto en condiciones seguras. En el resto, hay un debate creciente.
Sacudidos de las taras autoritarias y morales heredadas por Rafael Correa, hoy hasta los seguidores de ese ex mandatario están a favor del aborto.
La iglesia Católica y otras, así como los políticos y activistas anti aborto, tiene todo el derecho a protestar y exponer sus puntos de vista. Quienes quieran seguirlos, adelante. Pero una política de Estado y sus leyes trascienden tales posiciones y se adoptan con base a datos y hechos. Sacar al aborto de los cuerpos normativos sancionadores, es un avance, pero sirve de poco si no se acompaña de políticas de educación sexual adecuadas, así como al acceso a métodos anticonceptivos y a servicios de salud para realizarse tales abortos de forma segura y reservada.
El problema del aborto se enfrenta con normativas y políticas públicas no punitivas. Nada se avanzará proclamando, sin evidencia, que la norma -para casos de violación, incesto, problemas congénitos graves del feto y peligro para la vida de las mujeres- bañará de sangre al país, destruirá la moral o promoverá el tráfico de órganos y tejidos fetales.