Al parecer los populismos no evolucionan, excepto por los medios de transporte. En el siglo XX las camionetas reemplazaron a los camiones, y en el XXI los buses atraviesan el país para hacer tours políticos. Con desparpajo se manipula -seguramente sin conocimiento de los superiores, pues jamás lo permitirían- a beneficiarios del sistema clientelar e incluso a los empleados del enorme Estado, primero para festejar, y luego para conmemorar el 30-S, pues resulta que hubo víctimas cuyos deudos aún esperan justicia.
Pero el tema produce poco combustible político y no da para mucho más. La Asamblea no abrió la puerta para que se siga especulando con un asunto muy delicado y que debiera ser tomado con toda seriedad, pues de su solución definitiva depende en mucho la estabilidad institucional y la manera en la cual el Estado podrá enfrentar la creciente inseguridad.
¿Qué queda en claro? Que un grupo de policías y militares estuvo inconforme o no entendió las reformas laborales que tramitaba la Asamblea. Que este grupo organizó una inaceptable e irresponsable insubordinación. Que los acontecimientos se complicaron y que la vida del Presidente de la República corrió peligro durante su permanencia en un hospital policial. Que hubo una intervención militar cruenta para rescatarlo.
¿Qué no se ha esclarecido? Quiénes no informaron a los uniformados de los cambios en la Asamblea. Por qué las autoridades no previeron lo que se venía. Por qué no funcionó Inteligencia. Por qué no se instaló el Consejo de Seguridad. Por qué los ministros no asumieron su responsabilidad y el Presidente, cuya presencia en el recinto policial no podía adivinar ni el más conspicuo golpista, puso en riesgo su seguridad y hasta su vida.
De eso nada se ha investigado ni se investigará, lo cual mantiene latente la solución institucional del problema, y sigue dando lugar a interpretaciones y manipulaciones. En lo judicial, y pese a los ampulosos anuncios del Gobierno y los juicios instaurados a partir de decenas de diligencias fiscales, un año después no se ha probado que hubo un intento de golpe.
Solo hay sentencia para cuatro ciudadanos acusados en Riobamba de atentar contra la seguridad del Estado y para los miembros de la Escolta Legislativa por el mismo delito. Además para tres policías acusados de intento de magnicidio. El Fiscal da a entender que reabrirá la indagación, mientras el Ministro del Interior pide a la Policía virar la página.
Ese dilema no puede seguir. Que se investigue todo lo que queda por investigar, incluyendo las responsabilidades institucionales y personales de todos los actores del drama. Que se reorganice de una vez el trabajo de la Policía (recién el viernes se presentó el proyecto de Ley de Entidades de Seguridad Ciudadana). Solo así, ‘30-S, nunca más’ ya no será solo un lema político.