Informe Judicial

Es una columna que incluirá información sobre temas relacionados con seguridad y justicia. Otros artículos del autor: http://bit.ly/gTipanluisa Twitter: @ECtipanluisag

Geovanny Tipanluisa

Geovanny Tipanluisa

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en periodismo. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2003 y se ha desempeñado en diversos puestos desde entonces. Actualmente es Editor de Seguridad.

Que la lucha contra la corrupción arroje resultados

Sin duda es indignante ver cómo un Contralor General del Estado, aquel que debe velar por el buen uso de los recursos públicos, es detenido, procesado penalmente por presunta delincuencia organizada, y encarcelado. No es la primera vez que el país ve un hecho vergonzoso como este.

En 2017, otro contralor fue señalado en la trama de corrupción perpetrada por Odebrecht. El 9 de diciembre del 2020, la Corte confirmó la sentencia de seis años de prisión en contra de Carlos Pólit. Él fue identificado como autor de concusión. Los investigadores determinaron que entre el 2010 y el 2015 recibió USD 10,1 millones en sobornos.

Responsables como él deben ser sancionados con todo el rigor de la ley.

Las tramas ilegales han topado a las más altas esferas del poder. Ex funcionarios de este gobierno, ex legisladores o alcaldes se enfrentan al poder judicial.

El trabajo en este campo es fuerte. El nuevo gobierno ofreció fortalecer a la Fiscalía General del Estado ¡Hágalo!

Empiece por revisar el presupuesto. Hay problemas. En el 2015 recibía 153,8 millones. Para el 2016 bajó a 141,9 millones. En el 2020 fueron 138,8 millones y para el 2021 el panorama no mejoró.

El país necesita más fiscales. En este momento son 4,9 por 100 000 habitantes. Para un nivel óptimo deben ser ocho por 100 000. Quienes hoy trabajan simplemente dicen que no se alcanzan a revisar todas las denuncias que ingresan (350 000 anuales, en promedio).

Solo en la pandemia se abrieron 96 causas adicionales por compras de insumos. Apenas 13 han pasado a la segunda fase del proceso. No hay una sola sentencia. ¿La razón? La misma: están saturados y no pueden avanzar como quisieran. 432 personas son investigadas. Unos ya están fuera del país, prófugos.

Hay que acelerar el trabajo. El 19 de febrero del 2019 se firmó la pomposa “cooperación interinstitucional contra la corrupción”. Lo encabezó el Contralor que hoy está recluido en la Cárcel 4. Todo quedó únicamente en papeles.

Ese mismo año, este Gobierno creó la Comisión Internacional Anticorrupción. Tampoco funcionó. Hoy los comisionados buscan que se les pague por el tiempo que laboraron. Fue un trabajo infructuoso, que solo generó falsa ilusión en un país que busca sanciones para quienes manejan mal el dinero público.

Un esfuerzo reciente se produjo el 13 de enero de este año. El Consejo de la Judicatura inauguró la Mesa de la Lucha contra la Corrupción. A las pocas horas, la Fiscalía anunció que no participará de esta iniciativa y la Corte Nacional aclaró que no se adhiere al acuerdo.

Se anunció que se establecerá un cronograma de reuniones periódicas para hacer un seguimiento a las acciones que se ejecuten. Nada se conoce desde ese día. ¿Hay avances? ¿Se ha hecho algo?

Entonces, las expectativas sobre lo que pueda hacer el próximo gobierno son altas. En su plan habla de un engranaje entre instituciones, para hacer más efectiva la investigación. Menciona al Centro de Inteligencia Estratégica (ex Senain), como parte importante, pero acaba de anunciar su desaparición. Que las decisiones sean eficaces. ¡Por el país!