Es una columna que incluirá información sobre temas relacionados con seguridad y justicia. Otros artículos del autor: http://bit.ly/gTipanluisa Twitter: @ECtipanluisag
Geovanny Tipanluisa
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en periodismo. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2003 y se ha desempeñado en diversos puestos desde entonces. Actualmente es Editor de Seguridad

Justicia sin recursos

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Martes 30 de junio 2020

Este año apenas comenzaba y el presidente Lenín Moreno se presentaba en cadena nacional para decirle al país que no escatimará esfuerzos y que entregará los recursos económicos necesarios para que el sistema judicial luche contra la corrupción y el delito. No fue así.

Seis meses después, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura presentan datos puntuales y muestran otra realidad. La Judicatura emitió un comunicado desesperado para exigir la devolución urgente de USD 19,5 millones recortados en el 2019 y en el 2020.

Sus datos provocan alarma. Hasta mayo de este año, en la Función Judicial estaban en trámite 804 533 causas, en todas las instancias judiciales. Todo va lento por el estallido de la pandemia, y el principal afectado es el usuario. Los operadores de Justicia saben que no se alcanzan. El recorte presupuestario hizo que el año pasado dejen sus cargos 166 judiciales. En este año van 26, y las vacantes no son reemplazadas.

En los últimos 18 meses se convocó a 734 490 audiencias, pero solo 501 326 se concretaron. El resto aún está por cumplirse.

Detrás de estas frías cifras hay familias enteras que recurrieron a las oficinas judiciales por ayuda, pero no reciben respuesta.

En la Fiscalía ocurre algo parecido. La entidad arrancó el 2020 con USD 1,8 millones en contra y hoy pide las herramientas necesarias para atacar a los corruptos y a los delincuentes. Sus ingresos económicos se han reducido año tras año. En el 2014 recibieron USD 153,8 millones. Para el 2018 bajó a USD 141,9 millones y para el 2020 (antes de la crisis por el covid-19) se asignaron USD 138,8 millones.

La situación se agrava, porque hay un déficit de 440 agentes investigadores. En el país operan 834, y no son suficientes para cubrir toda la demanda. Tienen causas acumuladas y los ciudadanos exigen respuestas inmediatas.

Si bien es cierto que la pandemia golpeó a un país que ya estaba debilitado económicamente, la promesa de entregar los recursos económicos llegó antes de la emergencia. ¿Qué sucedió con la oferta? No hay respuestas.