Agosto del 2014. El 10 de ese mes entró en vigencia el Código Integral Penal, una norma que incorporó figuras novedosas como el femicidio.
Hubo mucha expectativa por lo que se daría en los Tribunales. Seis años después, las cifras son catastróficas: solo en el 37% de las muertes de mujeres hay condenas.
El resto de expedientes está en investigación o en otras etapas procesales. Pero también hay casos que han sido archivados.
Unos cuantos sospechosos fueron declarados inocentes o sobreseídos.
Detrás de estas frías estadísticas hay padres, madres, hermanos, hijos que recorren tortuosos caminos dentro de los juzgados.
La respuesta frecuente de la burocracia judicial es que todavía recaban evidencias.
En un reciente reportaje de este Diario se mostró cómo en el caso de Valentina, una niña de 11 años, que murió en su escuela, dos fiscales intentaron cerrar el proceso. Más pudo la fortaleza de su madre para que se halle a los responsables y se los sancione.
Cuatro años después, el expediente de la menor sigue en la primera fase de la indagación. Testimonios como este se cuentan por decenas. Yadira murió en el 2014. En el 2017, el responsable fue condenado a 34 años.
Pero apeló y solicitó la nulidad de lo actuado, porque la muerte ocurrió antes de que el femicidio fuera tipificado en el Código Penal. Los jueces resolvieron que todo regresara a la primera etapa de la indagación.
La sociedad entera debiera movilizarse para empujar a los operadores de justicia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya emitió un informe sobre los países de América Latina, entre ellos Ecuador y este año alertó que existe un patrón de impunidad sistemática para procesar judicialmente a quienes violentan a las mujeres.
El organismo internacional lanzó al mundo información sobre cómo la gran mayoría de causas penales carece de una investigación ágil, de sanciones y reparación efectiva.
¿Hasta cuándo? El Estado debe proteger a sus ciudadanos. Es un principio constitucional.