Es una columna que incluirá información sobre temas relacionados con seguridad y justicia. Otros artículos del autor: http://bit.ly/gTipanluisa Twitter: @ECtipanluisag
Geovanny Tipanluisa
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en periodismo. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2003 y se ha desempeñado en diversos puestos desde entonces. Actualmente es Editor de Seguridad

Ecuador, un país de paz

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Martes 15 de octubre 2019

Sí. Ecuador es un país de paz y rechaza profundamente a esas hordas que provocaron terror, que agredieron a ciudadanos inocentes, que saquearon locales comerciales, que quemaron oficinas de la Contraloría. Esto no puede repetirse. La Constitución (art. 66,6) garantiza a los ciudadanos manifestarse en todas sus formas, pero los extremos son peligrosos.

Destruyeron los bienes de la Policía Nacional y secuestraron a los militares.

Los responsables deben ser sometidos a la justicia y juzgados bajo el debido proceso y el derecho a la defensa. La Fiscalía tiene abiertos expedientes por asociación ilícita, paralización de servicios, rebelión, terrorismo, ataque y resistencia, incitación a la discordia entre ciudadanos, etc.

¿Quién estuvo detrás de estos hechos violentos? La Conaie deslinda responsabilidades. Los agentes han capturado a importantes figuras identificadas con el correísmo: un legislador, dos prefectos, una exalcaldesa, entre otros. La Justicia deberá determinar su grado de responsabilidad. Es imperante descifrar cómo operaron la estructura delictiva y quiénes la manejaban.

Pero el país también quiere saber por qué la violencia extrema contra los manifestantes. Nada justifica bombardear con gases lacrimógenos una ‘zona de paz’, en donde estaban mujeres y niños.

Los agentes golpearon a mujeres indefensas, atropellaron con motos a quienes pedían que se deroguen las medidas, los golpearon hasta dejarlos inconscientes.

Varios organismos de Derechos Humanosadvierten de un exceso en las operaciones.

Atacaron a los indígenas que el viernes permanecían pasivos en las afueras de la Asamblea. Los agentes portaban banderas blancas y hasta compartieron alimentos. Pero de pronto se desató otro bombardeo con gases. La Justicia está obligada a decirle al país qué sucedió.

Los dirigentes indígenas señalan a dos funcionarios. Piden que sean separados de sus cargos porque no supieron manejar las circunstancias.